Venezuela usa 'ley del odio' contra 118 adolescentes, minando la justicia juvenil

La organización venezolana Cecodap ha encendido las alarmas al denunciar que al menos 118 adolescentes fueron imputados bajo la controvertida 'Ley contra el Odio' entre 2024 y 2025. Este dato, que refleja el drama de jóvenes sometidos a la incertidumbre judicial, surge en el convulso periodo posterior a las elecciones presidenciales de julio de 2024, un contexto marcado por protestas y detenciones masivas que afectaron a más de 150 menores de edad, según diversas ONG.

La 'Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia', aprobada en 2017 por la extinta Asamblea Nacional Constituyente, ha sido desde su origen una fuente de preocupación para juristas y defensores de los derechos humanos. Con penas que pueden alcanzar los 20 años de prisión por conceptos tan etéreos como la 'incitación al odio' en redes sociales o manifestaciones, la norma se reveló pronto como un instrumento de gran discrecionalidad para el poder. Lo que se presenta como una herramienta para la convivencia se convierte, en la práctica, en un mecanismo para silenciar la crítica y la disidencia.

El coordinador de Cecodap, Carlos Trapani, ha señalado la gravedad del asunto: en estos casos no solo se aplica una ley cuestionable, sino que se vulnera la legislación específica que protege a los menores en Venezuela. La Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente (Lopnna) establece un sistema de responsabilidad penal juvenil con garantías claras: la privación de libertad como último recurso, el juicio en libertad como norma, la separación de los adultos y la protección de su identidad. Según la denuncia, estos principios fundamentales fueron sistemáticamente ignorados, dejando a los adolescentes en una situación de indefensión.

Este fenómeno no es un mero asunto interno venezolano; es una advertencia para toda la comunidad hispanoamericana. La proliferación de 'leyes contra el odio' o 'contra la desinformación' es una tendencia global que, en naciones con instituciones frágiles o en crisis, se transforma en un arma contra las libertades fundamentales. Se pervierte así la esencia del derecho, que en la tradición jurídica hispánica —heredera de la Escuela de Salamanca— se concibe como una salvaguarda de la dignidad de la persona frente al poder, y no como un instrumento para someterla. El uso del aparato legal para la persecución política representa la antítesis del Estado de derecho.

Resulta especialmente revelador que la propia vicepresidenta del Gobierno, Delcy Rodríguez, admitiese públicamente que se ha hecho un 'uso abusivo' de la ley, aunque defendiendo sus principios. Esta confesión, lejos de atenuar la gravedad de los hechos, la subraya: demuestra un ejercicio del poder tan arbitrario que ni siquiera se sujeta a sus propias normas, aplicándolas o retirándolas según la conveniencia política del momento. La petición de reforma a la ley, anunciada por la misma funcionaria, llega tarde para los jóvenes que ya han sufrido sus consecuencias.

Ante esta erosión de las garantías básicas en un país hermano, cabe preguntarse por la respuesta del resto de la Hispanidad. La crisis venezolana, que ha provocado el mayor éxodo de la historia reciente del continente, no ha generado una acción coordinada y firme por parte de los líderes hispanoamericanos. La pasividad o las declaraciones tibias ante la vulneración sistemática de la dignidad humana, especialmente la de los más jóvenes, evidencian una preocupante falta de sentido de comunidad y responsabilidad compartida. La defensa de la justicia y la protección de la juventud en cualquier rincón de Hispanoamérica debería ser una causa común ineludible.