Venezuela: la confesión de una jueza deja al desnudo el armazón judicial chavista

El partido Vente Venezuela ha solicitado formalmente el levantamiento «inmediato» de la inhabilitación política que pesaba sobre su líder, María Corina Machado. La petición no se basa en una nueva estrategia política, sino en un hecho que sacude los cimientos del sistema judicial heredado del chavismo: la confesión de una exmagistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Barbara Cesar Siero, quien sirvió en el máximo tribunal venezolano, ha revelado a la agencia AFP que fue coaccionada para firmar la sentencia que en enero de 2024 ratificó la proscripción de Machado, impidiéndole competir en las elecciones presidenciales. Según su testimonio, la presión fue extrema y dirigida a su núcleo más íntimo: dos de sus hermanos y su cuñada, todos militares, fueron detenidos para forzar su firma. Esta revelación otorga una base fáctica a lo que la oposición ha denunciado durante años: la instrumentalización de la justicia como arma de persecución política.

El episodio ocurre en un contexto de transición tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses. La confesión de Siero no solo corrobora que Machado fue apartada de la carrera electoral mediante un acto ilegal y carente de legitimidad de origen, sino que expone la metodología de un régimen capaz de «detener y castigar a miembros de la familia para quebrar la voluntad de una persona», en palabras de Vente Venezuela. Este método atenta contra los principios más básicos de la dignidad humana y el debido proceso, pilares de la tradición jurídica hispana.

El caso venezolano es un espejo en el que toda Hispanoamérica debería mirarse. La utilización del poder judicial con fines políticos, conocida como «guerra judicial» o «lawfare», no es un fenómeno exclusivo de Venezuela, aunque allí haya alcanzado su expresión más descarnada. En distintos países del continente se han observado presiones sobre jueces y fiscales, y la apertura de causas con motivaciones espurias para neutralizar a adversarios. La confesión de la magistrada Siero es una advertencia sobre la fragilidad del Estado de derecho cuando los contrapesos institucionales se erosionan y la judicatura renuncia a su independencia.

Asimismo, el escenario actual evidencia una vez más la pasividad de los liderazgos hispanoamericanos. La crisis venezolana, que dura ya más de una década, nunca encontró una respuesta coordinada y soberana por parte de la comunidad de naciones hermanas. La inacción regional creó un vacío que, finalmente, ha sido llenado por la intervención directa de Estados Unidos. Si bien la caída de un régimen autoritario es celebrada por muchos, el hecho de que la «solución» provenga de una potencia ajena a la Hispanidad sienta un precedente peligroso. Reaviva el fantasma del intervencionismo que ha marcado la historia del continente y subraya el fracaso de los gobiernos hispanos para defender la soberanía y la autodeterminación de uno de sus miembros.

La reconstrucción de Venezuela no será una tarea meramente política o económica. Exigirá una profunda sanación moral basada en la verdad y la justicia. El valiente paso de la magistrada Siero, un acto de conciencia personal, señala el camino: el restablecimiento de las instituciones solo será sólido si se fundamenta en el reconocimiento de las injusticias cometidas y en la restitución de la dignidad de las víctimas. Para la Hispanidad, la lección es clara: la defensa de la justicia independiente y la construcción de un bloque regional cohesionado no son opciones, sino una necesidad imperiosa para evitar la repetición de tragedias y la injerencia de potencias extrarregionales.