Venezuela acuerda revisar inhabilitaciones y reclamar a Londres sus reservas de oro

La culminación del tercer ciclo de negociaciones entre las delegaciones del oficialismo venezolano y la oposición vinculada a la Asamblea Nacional elegida en 2015 ha dejado un saldo de compromisos institucionales de notable alcance práctico. Tras intensas jornadas técnicas rubricadas por Jorge Rodríguez y Dinorah Figuera, las partes pactaron someter a revisión profunda diversos instrumentos legales, entre los que destaca la normativa de la Contraloría General sobre inhabilitaciones políticas, así como las tipificaciones relativas al terrorismo en el marco penal y la ley de partidos políticos.

Este paso reviste un peso político evidente en vísperas de definir un calendario comicial y ante los reclamos opositores para habilitar a sus principales figuras. Más allá de la designación inmediata de doce representantes de la sociedad civil para integrar el Comité de Postulaciones Judiciales del Tribunal Supremo de Justicia, el consenso más elocuente en términos de soberanía reside en la conformación de una delegación paritaria destinada a gestionar ante las instituciones del Reino Unido la recuperación de los lingotes de oro retenidos en el Banco de Inglaterra.

La decisión de actuar de forma mancomunada para rescatar estas reservas internacionales, transferidas administrativamente en 2019 al amparo de las disputas por el reconocimiento diplomático, ilustra con crudeza cómo las fracturas internas en el espacio hispanoamericano terminan subordinando el patrimonio común a la discrecionalidad de la City londinense. Durante siglos, las finanzas anglosajonas han operado como árbitro forzoso de litigios que nacen de la discordia hispana, beneficiándose de la parálisis o la custodia prolongada de activos soberanos mientras las poblaciones de ultramar padecen privaciones estructurales.

El acuerdo especifica que estos fondos, cuyo valor se ha duplicado en los últimos años, deben consagrarse con urgencia a socorrer a los damnificados por los recientes sismos de junio y a restaurar los deteriorados servicios públicos esenciales. Esta orientación prioritaria hacia el alivio material de las familias y la reconstrucción comunitaria conecta de manera directa con el imperativo del bien común y la defensa innegociable de la dignidad de las personas más vulnerables, principios rectores que deben primar sobre las querellas facciosas y el cálculo meramente partidista.

Al mismo tiempo, el episodio pone de relieve la inacción crónica de los gobiernos de Hispanoamérica para articular mecanismos propios de arbitraje, depósito e integración financiera regional. Si existiesen instituciones mancomunadas de custodia y mediación dentro del propio ámbito hispanohablante, las naciones hermanas no tendrían que suplicar el desbloqueo de su propia riqueza ante tribunales británicos ajenos a sus realidades y tradiciones jurídicas.

El diálogo venezolano reanudará sus sesiones a mediados de noviembre. Queda por comprobar si este acercamiento pragmático se traduce en garantías electorales efectivas y en la restitución de los recursos nacionales, pero la decisión de reclamar juntos ante Londres lo que pertenece a su pueblo marca un sendero elemental de defensa soberana frente a la injerencia foránea.