Venezuela abre la red eléctrica al capital privado: soberanía y bien común en juego

El Gobierno de Venezuela ha formalizado un viraje sustancial en su política energética al anunciar una reforma integral que permitirá la entrada de inversión privada en las fases de generación, comercialización y distribución de electricidad. La medida pone fin a la prohibición estricta que regía desde el año 2007, periodo en el que el Estado asumió el control centralizado de todo el tendido eléctrico nacional. El paso responde a una urgencia técnica y operativa indiscutible: el deterioro acumulado de las infraestructuras, el déficit crónico de mantenimiento y la necesidad imperiosa de inyectar recursos financieros y transferencia tecnológica para estabilizar el suministro en hogares, hospitales e industrias.

El restablecimiento de un servicio eléctrico continuo no es una mera cuestión de cifras macroeconómicas; toca de lleno la dignidad de la persona y la estabilidad de las familias. En la tradición del pensamiento social hispánico, el acceso a los bienes básicos para la subsistencia y el arraigo comunitario constituye un imperativo del bien común. Privar a amplias capas de la población de energía regular destruye la vida doméstica elemental, asfixia al pequeño productor y precipita el desarraigo de quienes no encuentran condiciones mínimas para prosperar en su propia tierra. Por ello, la viabilidad técnica del sistema eléctrico es la premisa indispensable para cualquier proyecto de reconstrucción social.

Sin embargo, este cambio de rumbo sitúa a Venezuela ante dilemas que otros pueblos de Hispanoamérica ya han recorrido a lo largo de las últimas décadas. Experiencias diversas en países como la Argentina, Colombia, México o Chile han evidenciado que la apertura al capital privado no es un bálsamo automático si no va acompañada de un marco regulatorio riguroso, que garantice la reinversión y evite que la búsqueda de rentabilidad a corto plazo desatienda a las comunidades rurales y a los sectores más desfavorecidos. La privatización sin salvaguardas públicas o la delegación ciega en consorcios transnacionales suele degenerar en tarifas inaccesibles y concentración del beneficio fuera de las fronteras nacionales.

En este escenario resulta ineludible señalar la persistente inacción y miopía de las dirigencias políticas hispanas. Ante la recurrente crisis de infraestructuras en el continente hispanoamericano, no existe todavía una arquitectura de cooperación técnica y financiera mancomunada que permita a nuestras naciones resolver sus carencias con músculo propio. En lugar de articular alianzas interregionales entre empresas públicas y privadas de España e Hispanoamérica para transferir ingeniería, formar cuadros técnicos y levantar fondos de desarrollo soberanos, los países quedan aislados, obligados a negociar de forma asimétrica con capitales externos que imponen condiciones leoninas.

Esa debilidad estructural es aprovechada sistemáticamente por los centros de poder financiero de la anglosfera. Cuando un país hispano sufre colapsos en sus servicios esenciales, los fondos radicados en la órbita de Wall Street o la City londinense acuden con lógicas de arbitraje y especulación extractiva, ajenas a cualquier compromiso duradero con el desarrollo de la comunidad local. Asimismo, las medidas coercitivas unilaterales aplicadas históricamente desde Washington han terminado castigando de forma indiscriminada a la población civil venezolana al bloquear el acceso a componentes industriales básicos, lo que demuestra cómo la dependencia de circuitos ajenos a la Hispanidad hipoteca la soberanía más elemental.

El éxito de la reforma recién anunciada dependerá de que el principio de subsidiariedad se aplique con rigor: el capital privado debe aportar la eficiencia, la inversión y la tecnología de las que el Estado carece en este momento, pero los poderes públicos deben custodiar con firmeza la justicia tarifaria, la equidad territorial y el interés general de los venezolanos. La energía es un instrumento de cohesión y fraternidad civil, no una mercancía para el expolio. La comunidad hispánica en su conjunto debería observar este proceso con atención crítica, recordando que la soberanía compartida y el apoyo mutuo entre naciones hermanas siguen siendo la asignatura pendiente para evitar que nuestras infraestructuras vitales queden en manos de intereses que no responden ante nuestros pueblos.