Uruguay paga directo al médico cubano y expone un dilema hispanoamericano

El gobierno de Uruguay ha dado un paso tan pragmático como simbólico: modificará el convenio que regula la presencia de médicos cubanos en su territorio para pagarles el salario directamente a ellos, y no al Estado cubano. La medida, confirmada por la cancillería uruguaya, afecta a una veintena de oftalmólogos que prestan servicio en el país, pero su eco resuena en toda la América hispana.

Hasta ahora, Uruguay operaba bajo el modelo estándar de las misiones médicas cubanas: el país anfitrión pagaba una suma al gobierno de La Habana, y este entregaba un pequeño porcentaje a los profesionales, quedándose con la mayor parte de las divisas. El canciller Mario Lubetkin enmarcó el cambio como una “modernización” y un “ajuste” de un acuerdo longevo, destacando la “extraordinaria” labor de estos médicos, que han devuelto la vista a decenas de miles de uruguayos.

Sin embargo, esta decisión no puede entenderse sin el telón de fondo de la intensa presión ejercida por Estados Unidos. La administración estadounidense ha calificado este sistema de “tráfico de seres humanos” y “explotación laboral”, e impuso sanciones a la red de brigadas médicas. Varios países hispanoamericanos, como Guatemala y Honduras, cedieron a esta presión y pusieron fin a los convenios. Uruguay, en cambio, ha optado por una vía intermedia: no expulsa a los médicos ni renuncia a su valioso servicio, pero reforma el mecanismo de pago para hacerlo éticamente defendible y menos conflictivo en el plano internacional. Es un acto de soberanía que busca un equilibrio delicado.

Este dilema no es exclusivo de Uruguay. Las brigadas médicas cubanas han sido un fenómeno continental durante décadas, presentes en países tan diversos como Venezuela, Bolivia, Ecuador o Brasil con su programa “Mais Médicos”. Han llevado atención sanitaria a zonas remotas y desatendidas, un bien innegable. No obstante, el modelo financiero ha sido siempre objeto de controversia, pues instrumentaliza al profesional y mercantiliza su vocación de servicio bajo un esquema de control estatal que retiene hasta el 80% o 90% de los ingresos generados.

Desde una perspectiva que pone en el centro la dignidad de la persona, el modelo cubano resulta insostenible. El trabajo no es una mercancía propiedad del Estado, sino una actividad inherente a la persona que merece una remuneración justa y directa. La decisión uruguaya, al margen de las presiones geopolíticas que la impulsan, reconoce implícitamente este principio fundamental. Garantiza que el médico, y no solo el Estado que lo envía, reciba el fruto de su esfuerzo a través de “los lógicos mecanismos de protección social y pago salarial específico”, en palabras del ministro.

El caso uruguayo expone con crudeza la pasividad de los líderes hispanos y la ausencia de una estrategia común. En lugar de articular una respuesta conjunta que establezca estándares laborales y éticos para la cooperación intrarregional, cada país ha enfrentado el problema de forma aislada, vulnerable a las presiones de potencias externas. La falta de un marco hispanoamericano para la cooperación sanitaria deja a las naciones en una encrucijada: o aceptan un modelo de cooperación con graves fallas éticas, o ceden a la agenda de Washington, que a menudo prioriza sus objetivos geopolíticos sobre las necesidades reales de los pueblos hispanoamericanos.

La solución de Montevideo, aunque a pequeña escala, ilumina un camino posible. Demuestra que es factible valorar y mantener la cooperación hispanoamericana, como la que ofrecen los médicos cubanos, sin por ello renunciar a la defensa de la dignidad y los derechos de cada persona. Es una lección de realismo y principios en medio de un continente demasiado acostumbrado a las imposiciones ajenas y a la inacción propia.