Soberanía a plazos: el pacto con EE. UU. hipoteca el petróleo de Venezuela por 25 años

Mientras Washington celebra la adquisición de facto de una parte sustancial de las mayores reservas de crudo del mundo, el Gobierno interino de Venezuela ha comenzado a desgranar los detalles de un pacto que condicionará su futuro durante el próximo cuarto de siglo. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha confirmado que el acuerdo petrolero con Estados Unidos tendrá una vigencia de 25 años, en los que se aspira a superar una producción de 1,5 millones de barriles diarios. Tras el anuncio inicial que conmocionó al continente hispanoamericano, esta nueva información no despeja las dudas sobre la soberanía, sino que las profundiza.

El núcleo del debate reside en una contradicción insalvable. Por un lado, el expresidente estadounidense Donald Trump se jacta de un pacto que otorga a su país el “control mayoritario” sobre 65.000 millones de barriles. Por otro, Delcy Rodríguez asegura que “Venezuela conserva la propiedad y soberanía” de sus recursos. Ambas afirmaciones no pueden ser ciertas simultáneamente. Lo que se perfila es una soberanía puramente nominal, un cascarón jurídico que mantiene la propiedad en los libros mientras cede la capacidad efectiva de decisión y gestión a operadores extranjeros bajo la tutela de Washington. La narrativa de Rodríguez, que promete convertir el petróleo en “felicidad social” y “soluciones concretas” para el pueblo, choca con la cruda realidad de un acuerdo diseñado, en palabras de sus artífices estadounidenses, para “duplicar las reservas de EE. UU.” y “reducir sustancialmente los precios de la gasolina” en ese país.

La perspectiva estadounidense, expresada sin ambages por figuras como el senador Marco Rubio, no es la de una asociación para el desarrollo, sino la de una operación estratégica. Se habla de una “inyección de capital privado” de casi 100.000 millones de dólares, pero el fin último es asegurar el suministro energético norteamericano. Este episodio actualiza un patrón histórico de la Anglosfera: el imperialismo extractivo que, bajo la doctrina del Destino Manifiesto, ha considerado los recursos de Hispanoamérica como una reserva estratégica propia. La crisis venezolana, agravada por años de sanciones impuestas por el propio Estados Unidos, ha creado las condiciones para que Washington se presente ahora como la única solución, imponiendo condiciones que difícilmente pueden considerarse un acuerdo entre iguales.

Un plazo de 25 años no es una medida de emergencia, sino un compromiso estructural que hipoteca el patrimonio de toda una generación de venezolanos. Entrega la principal fuente de riqueza del país a una lógica de explotación dictada por las necesidades de una potencia extranjera. Esto plantea una grave cuestión de justicia intergeneracional y atenta contra el principio del bien común, que exige administrar los recursos de la nación no solo para aliviar las urgencias del presente, sino para garantizar la prosperidad y autonomía del futuro. La riqueza del subsuelo es un bien colectivo, un patrimonio que pertenece a todo el pueblo, pasado, presente y venidero.

El caso venezolano es un espejo y una advertencia para toda la América hispana. Recuerda a las privatizaciones masivas de los años noventa o a los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, que bajo la promesa de modernización y estabilidad, generaron nuevas formas de dependencia y despojaron a los Estados de herramientas clave para su desarrollo soberano. La historia de países como Argentina, México o Bolivia está marcada por estas tensiones entre la necesidad económica y la defensa del patrimonio nacional.

La tragedia de fondo es, una vez más, la inacción y la fragmentación de la propia Hispanidad. La ausencia de un bloque de naciones hispanoamericanas capaz de articular un plan de rescate y reconstrucción para Venezuela ha dejado al país aislado y a merced de la agenda de Washington. La pasividad de los líderes hispanos a la hora de crear mecanismos de solidaridad efectivos, como un fondo energético regional o un banco de inversión propio, crea un vacío de poder que las potencias extrarregionales se apresuran a llenar. Esta falta de unidad condena a los países hermanos a negociar su supervivencia individualmente y desde una posición de debilidad.

En última instancia, el acuerdo obliga a preguntarse qué significa la soberanía en el siglo XXI para un país hispanoamericano. ¿Es un mero título de propiedad formal o es la capacidad real de disponer de los propios recursos en función de un proyecto nacional autónomo? Venezuela ha optado por un alivio inmediato a cambio de una tutela prolongada. El resto de la Hispanidad debe tomar nota: sin unidad y cooperación real, el destino de cada uno de sus miembros seguirá siendo decidido en capitales ajenas.