Petróleo venezolano en Texas: el leonino pacto que hipoteca la riqueza hispana

El atraque en las costas de Texas del buque cisterna con crudo venezolano ha sido escenificado por Donald Trump y su secretario de Estado, Marco Rubio, en Corpus Christi como un éxito comercial indiscutible. Sin embargo, para la mirada atenta de los pueblos hispanos, este desembarco inaugura un precedente alarmante. No se trata de una transacción ordinaria de mercado, sino de la materialización de un esquema suscrito entre el Ejecutivo de Washington, la administración interina de Delcy Rodríguez y la firma North American Blue Energy Partners (NABEP), que concede derechos de extracción durante un siglo sobre diecisiete yacimientos que albergan cerca de 65.000 millones de barriles, equivalentes a una quinta parte de las reservas de la nación sudamericana.

El diseño estructural de esta operación refleja de forma nítida la tradicional lógica del poder anglosajón cuando proyecta sus intereses sobre las riquezas naturales del continente hispanoamericano. De acuerdo con las cláusulas divulgadas por la propia operadora, los Departamentos de Estado y de Guerra de los Estados Unidos se reservan una participación accionaria del 35 % en la matriz corporativa de NABEP, junto con la facultad de adquirir la quinta parte de la extracción a precio de coste estricto, suprimiendo cualquier margen de ganancia en favor del país productor. Las palabras de Donald Trump, al describir públicamente este crudo como un «regalo», revelan la asimetría moral y política de una relación tutelada que reduce los bienes de una nación soberana a tributo geopolítico.

Frente a este despojo prolongado a cien años vista, resulta ineludible señalar la pasividad y el silencio de las cancillerías de la América hispana. En lugar de articular una diplomacia regional sólida y coordinada que proteja las reservas estratégicas frente a las presiones foráneas, las capitales hispanoamericanas continúan fragmentadas, consumidas en disputas ideológicas estériles o resignadas a la inacción. Esta desunión endémica deja a cada hermano aislado ante las exigencias de las grandes potencias, impidiendo el surgimiento de una voz mancomunada capaz de velar por el patrimonio compartido y por el destino económico de casi seiscientos millones de hispanohablantes.

La experiencia histórica enseña que la soberanía de los recursos no es un mero tecnicismo contable, sino un pilar indisoluble de la dignidad comunitaria y del bien común. La tradición hispánica, forjada en la concepción del derecho de gentes y en el principio de que los bienes de la tierra deben orientarse prioritariamente al sustento de las familias y de los más vulnerables, colisiona frontalmente con el modelo extractivo depredador impuesto desde el norte. Convertir las entrañas energéticas de Venezuela en un activo subordinado a refinerías extranjeras como Exxon Mobil condena a generaciones enteras al desarraigo patrimonial y perpetúa la precariedad de una población asolada por crisis continuas.

El salto productivo que NABEP proyecta —buscando rebasar el millón de barriles diarios a partir de un bombeo que ya supera los 223.000 barriles— evidencia que la reconstrucción material del país está supeditada a un enclave extractivo foráneo. Si los gobernantes hispanos no asumen de una vez por todas la urgencia de fortalecer la cooperación regional y blindar los recursos estratégicos desde la solidaridad continental, el caso venezolano se consolidará como el modelo tutelado que la potencia del norte replicará allí donde encuentre instituciones frágiles y voluntades desunidas.