Perú sigue a Chile: militariza su seguridad bajo el paraguas de EE. UU.

El Gobierno de Perú ha anunciado una doble estrategia de seguridad que marca un punto de inflexión en su lucha contra la delincuencia. Por un lado, la creación de un comando unificado, las “Fuerzas Combinadas para la Lucha Contra el Crimen Organizado”, que fusiona operativamente a la Policía Nacional con las Fuerzas Armadas. Por otro, la reciente y opaca adhesión al “Escudo de las Américas”, una coalición de seguridad impulsada y liderada por Estados Unidos. Ambas decisiones, conectadas en su lógica, profundizan un modelo de militarización de la seguridad interna que ya se observa en otros países del continente.

La decisión peruana sigue de cerca a la de Chile, que también se sumó a la iniciativa estadounidense, y se produce tras una reunión de la presidenta Keiko Fujimori con el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio. Esta secuencia de hechos sugiere una coordinación tutelada desde Washington para alinear a los países hispanoamericanos en una estrategia de seguridad común, pero no propia. El Gobierno peruano defiende la medida como una necesidad imperiosa ante el clamor ciudadano por la inseguridad, argumentando que el acceso a la tecnología e inteligencia del “Escudo” permitirá combatir con más eficacia al crimen transnacional.

Sin embargo, organizaciones como Amnistía Internacional han expresado una honda preocupación. La crítica se centra en la falta de transparencia sobre los alcances del acuerdo y las implicaciones que podría tener para los derechos fundamentales. AI ha advertido del riesgo de que se repliquen en Hispanoamérica “intervenciones a embarcaciones o ataques aéreos” como los realizados por fuerzas estadounidenses en otras latitudes bajo el pretexto de la lucha antinarcóticos, con un saldo de víctimas civiles. La historia del continente hispanoamericano está marcada por las trágicas consecuencias de confundir el rol de las Fuerzas Armadas, concebidas para la defensa exterior, con las tareas de seguridad ciudadana, propias de una policía civil.

Más allá de la legítima preocupación por la seguridad, lo que está en juego es la importación de un modelo de Estado y de orden público ajeno a las mejores tradiciones jurídicas hispanas. La estrategia, promovida por la Anglosfera y en particular por Estados Unidos desde la época de la “Guerra contra las drogas”, tiende a tratar los problemas sociales complejos como si fueran conflictos militares. Esta visión reduce la criminalidad a un enemigo que debe ser aniquilado por la fuerza, ignorando sus raíces en la desigualdad, la desintegración comunitaria y la falta de oportunidades. Una respuesta meramente represiva, sin un componente robusto de justicia social y fortalecimiento del tejido cívico, suele derivar en un ciclo de violencia y en la vulneración de la dignidad de las personas, especialmente de las más pobres.

La adhesión sucesiva de países como Chile, Perú, Ecuador o Colombia a este tipo de alianzas con una potencia extrarregional pone de manifiesto, una vez más, la grave inacción de los líderes hispanos. En lugar de construir una arquitectura de seguridad y defensa propia, soberana y adaptada a las realidades del continente, optan por la vía rápida de la subordinación a Washington. Iniciativas pasadas de cooperación regional, como el Consejo de Defensa Suramericano de UNASUR, languidecen por falta de voluntad política. Esta carencia de visión estratégica condena a la Hispanidad a una perpetua dependencia y le impide actuar como un bloque cohesionado en la escena mundial.

La seguridad es un pilar del bien común, pero no puede alcanzarse a cualquier precio. Una paz duradera no se construye únicamente con comandos militares y tecnología de vigilancia externa, sino sobre los cimientos de la justicia, el desarrollo integral de la persona y el fortalecimiento de las comunidades. Al externalizar la doctrina de seguridad y entregar parte de su soberanía, los países hispanoamericanos no solo adoptan un modelo de alto riesgo para los derechos humanos, sino que posponen indefinidamente la tarea urgente de pensarse y protegerse a sí mismos, desde su propia identidad y con sus propios medios.