Perú refuerza su frente penitenciario: la urgencia de una respuesta común en Hispanoamérica

El Consejo de Ministros del Perú ha dado luz verde a un paquete de tres decretos legislativos destinados a contener la creciente ola de inseguridad ciudadana, haciendo uso de las facultades delegadas por el Congreso de la República. El primer decreto introduce modificaciones en el numeral 3 del artículo 20 del Código Penal para fortalecer los alcances de la legítima defensa. El segundo autoriza el acceso y empleo de datos derivados de las telecomunicaciones para la geolocalización e identificación de dispositivos, una herramienta dirigida a perseguir el crimen organizado, la extorsión y los delitos informáticos. Por último, la tercera norma habilita, con carácter excepcional y temporal, la intervención de las Fuerzas Armadas en la vigilancia del perímetro exterior de los recintos penitenciarios.

La intervención en los centros de reclusión representa el núcleo operativo de estas medidas. Según explicó el ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, el objetivo inmediato consiste en neutralizar las bandas delictivas que dirigen extorsiones y secuestros desde el interior de las celdas, vinculando de forma directa la labor de inteligencia penitenciaria con la contención delictiva en las calles. Asimismo, el Ejecutivo ha manifestado su rechazo al modelo de recintos carcelarios homogéneos, promoviendo en su lugar la separación estricta: traslado de reclusos de alta peligrosidad a penales de régimen cerrado especial, como Challapalca en Puno, y la reserva de espacios específicos para infractores primarios donde se implementen talleres laborales.

Esta diferenciación entre la contención rigurosa del crimen avezado y la preservación de los internos noveles toca un principio fundamental para la tradición hispánica: la dignidad inalienable de la persona y el sentido de justicia ordenado al bien común. La pena no puede reducirse a un mero depósito de abandono que envilezca al reo o lo entregue a las mafias, sino que debe procurar la restitución y el trabajo formativo para quienes aún pueden reintegrarse en el tejido comunitario. Cuando el Estado pierde el control de sus prisiones, vulnera el deber elemental de proteger a las familias trabajadoras, que son invariablemente las primeras víctimas de la extorsión y la violencia desatada.

No obstante, la encrucijada peruana no constituye un fenómeno aislado. Desde Ecuador y Colombia hasta Chile y México, las repúblicas hispanoamericanas padecen exactamente los mismos síntomas: penetración de economías ilícitas transnacionales, prisiones convertidas en cuarteles de mando criminal y una ciudadanía desamparada ante la delincuencia organizada. Frente a redes que operan sin fronteras a lo largo de todo el continente hispanoamericano, la respuesta de los Estados continúa siendo fragmentaria y reactiva, limitada a reformas normativas locales y despliegues militares de emergencia que alivian la coyuntura pero no resuelven la raíz del problema.

Es aquí donde se hace patente la grave inacción de los mandatarios de la región. En lugar de consolidar un espacio permanente de integración judicial, penitenciaria y de inteligencia entre naciones hermanas —unidas por el mismo idioma, la misma cultura jurídica y desafíos de seguridad compartidos—, los gobiernos hispanos permanecen replegados en sus fronteras nacionales. Se continúa recurriendo con frecuencia a recetas externas inspiradas en la industria carcelaria privada y deshumanizadora de la órbita anglosajona, en vez de articular una doctrina soberana de seguridad basada en el orden cívico, la fortaleza de las instituciones públicas y la cooperación estratégica interestatal. La pacificación duradera del Perú, al igual que la del resto de Hispanoamérica, dependerá de su capacidad para comprender que la soberanía y la tranquilidad de los hogares se defienden mejor a través de la unidad continental que desde el aislamiento legislativo.