Perú defiende su soberanía ante el Escudo de las Américas impulsado por Washington

La comparecencia del ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Carlos Espá, ante la comisión parlamentaria de su país ha dejado en evidencia una inquietud recurrente en la historia diplomática de nuestra comunidad continental: los límites de la cooperación militar y policial con Estados Unidos. Al asegurar que la adhesión de Lima a la iniciativa conocida como Escudo de las Américas no autoriza la entrada de tropas foráneas ni impone intervenciones bélicas, el Ejecutivo peruano ha buscado sosegar las alarmas sobre una eventual cesión de soberanía. Sin embargo, la explicación del canciller revela de fondo la pervivencia de una estructura de dependencia estratégica que la América hispana no ha logrado superar.

El plan, patrocinado por Donald Trump y suscrito ya por una quincena de administraciones del continente —entre ellas las recientes incorporaciones de Colombia y Perú tras los triunfos de Abelardo De la Espriella y Keiko Fujimori—, se presenta formalmente como un marco político y estratégico multilateral contra el crimen organizado transnacional. De acuerdo con el canciller Espá, no se trata de un tratado formalmente vinculante ni de un ente supraestatal, sino de un entendimiento no coercitivo articulado en tres ejes: seguridad, economía y coordinación internacional. La necesidad de combatir a las bandas delictivas que asuelan barrios y ciudades es, sin duda, una demanda legítima y acuciante de los pueblos hispanos, que exigen orden y justicia para salvaguardar la tranquilidad de las familias y el bien común.

El problema de fondo radica en el método y en la arquitectura de poder. Una vez más, frente a los embates de la delincuencia transfronteriza, los gobernantes de las repúblicas hispanoamericanas eligen alinearse de forma dispersa con Washington en lugar de consolidar un espacio propio y autónomo de seguridad mutua. La doctrina de tutela hemisférica que históricamente ha proyectado la potencia anglosajona tiende a convertir las urgencias domésticas de Hispanoamérica en apéndices de sus propias prioridades geopolíticas. En lugar de desarrollar mecanismos soberanos de intercambio judicial, inteligencia y defensa entre las veinte naciones que comparten lengua, derecho civil y fronteras comunes, los liderazgos regionales optan por el atajo del amparo exterior, evidenciando una notable falta de ambición integradora.

Esta inacción de los dirigentes hispanos perpetúa una asimetría perniciosa. Al concebirse como acuerdos de carácter meramente declarativo pero bajo la gravitación incuestionable del poder estadounidense, tales foros terminan por imponer criterios operativos ajenos a la realidad social de nuestros países. La tradición jurídica hispánica, forjada desde los principios de subsidiaridad y dignidad de la persona, exige que la seguridad se construya de abajo hacia arriba, reforzando las instituciones locales, la cohesión comunitaria y el imperio de la ley, en vez de importar fórmulas concebidas desde una óptica de proyección militar foránea.

El canciller peruano ha hecho bien en subrayar que cualquier acción concreta requerirá el aval del orden constitucional de su país y acuerdos específicos. No obstante, la experiencia histórica demuestra que las alianzas asimétricas rara vez permanecen inocuas para la autonomía de los Estados más débiles. Mientras los gobernantes de Hispanoamérica no entiendan que la respuesta al narcotráfico y al delito global exige una cooperación fraternal y solidaria entre iguales dentro de la propia Hispanidad, continuarán orbitando alrededor de iniciativas ajenas que mitigan los síntomas coyunturales a expensas de la independencia estratégica continental.