Paraguay frena el pánico en Ueno con relevo en el emisor y el reintegro al 93 % de clientes

Tras la destitución y arresto de Santiago Peña por el descalabro de Ueno bank, la crisis paraguaya ha entrado en una fase decisiva de contención institucional y persecución patrimonial. El Banco Central del Paraguay (BCP) anunció que el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) ha reintegrado sus recursos al 93,1 % de las cuentas amparadas por la cobertura legal, alcanzando a 1.738.804 ahorradores mediante un desembolso conjunto de 2,126 billones de guaraníes (unos 340,4 millones de dólares). En paralelo, el Senado refrendó al economista Jorge Luis Schreiner como nuevo presidente de la autoridad monetaria, en un intento urgente del flamante mandatario Pedro Alliana por restaurar la credibilidad financiera del país.

El relevo en el BCP responde a un imperativo judicial de extrema gravedad. El anterior titular de la entidad, Carlos Carvallo —quien antes de asumir el cargo regulador en 2023 presidió la financiera de la que brotó el propio banco intervenido—, dimitió y se encuentra detenido e imputado por supuesta lesión de confianza, administración en provecho propio y falsedad documental. La llegada de Schreiner, un técnico veterano con trayectoria en la Superintendencia de Bancos y una década al frente de la Comisión Nacional de Valores, pretende cortar de raíz los lazos entre el ente supervisor y los conglomerados que medraron al amparo de la administración saliente.

Mientras los pequeños depositantes han visto blindados sus saldos hasta el tope legal de 75 salarios mínimos (unos 38.622 dólares), persiste una incertidumbre mayúscula sobre el destino de los 800 millones de dólares pertenecientes a empresas del Estado y fondos de pensiones que sobrepasan esa protección. Las diligencias del Ministerio Público se intensificaron este lunes con allanamientos a las residencias de Peña y Carvallo en Asunción, así como a las sedes de Ueno Casa de Bolsa y de la gestora de cobranzas Vinanzas, satélites del Grupo Vázquez. El operativo, que investiga a 28 personas, se saldó con la incautación de vehículos de alta gama, embarcaciones y aeronaves, al tiempo que la Fiscalía paraguaya activó cooperaciones con dependencias de Argentina, Estados Unidos y Luxemburgo para localizar bienes y activos ocultos fuera de las fronteras nacionales.

Este patrón de desvío y búsqueda de guaridas financieras no es ajeno a la historia económica de Hispanoamérica. Revela, una vez más, el divorcio moral entre una élite local entregada a la especulación y las exigencias del bien común. Desde la matriz cultural hispana, el ahorro no constituye una herramienta para el enriquecimiento desmedido de camarillas financieras, sino el fruto del trabajo honesto destinado a sostener el porvenir de las familias y la previsión social de los trabajadores. La bancarización acelerada que vendió Ueno bank, lejos de generar arraigo productivo, operó como un mecanismo de absorción del esfuerzo popular para apalancar negocios cruzados, cuyo rastro ahora se disipa hacia jurisdicciones anglosajonas y circuitos financieros extraterritoriales.

El caso paraguayo interpela de lleno al resto del continente hispanoamericano. Resulta evidente la pasividad histórica de los gobernantes de la región para coordinar salvaguardas financieras comunes e inteligencias regulatorias compartidas dentro de espacios como el Mercosur. Al carecer de mecanismos hispanoamericanos de arbitraje y cooperación preventiva frente a los delitos financieros, las naciones soberanas quedan desprotegidas ante redes corporativas que capturan las instituciones públicas y, cuando sobreviene el colapso, trasladan sus dividendos hacia plazas protegidas de la anglosfera y Europa. La reconstrucción de la confianza ciudadana en Asunción requerirá no solo la liquidación ordenada de los pasivos, sino una firme voluntad política para supeditar el sistema crediticio a la dignidad de la persona y a la soberanía de la comunidad.