Nicaragua suprime la vicepresidencia: deriva patrimonialista en Centroamérica

La Asamblea Nacional de Nicaragua ha aprobado en primera legislatura una reforma del artículo 126 de la Constitución que elimina la figura del vicepresidente de la República para instaurar en su lugar la de los «designados presidenciales». La enmienda, tramitada por el bloque gubernamental sin fisuras parlamentarias, otorga a la jefatura del Estado —ejercida bajo el esquema de copresidencia por Daniel Ortega y Rosario Murillo— la potestad exclusiva de nombrar a dichos cargos y asignarles funciones de manera directa. Para entrar en vigor, la medida requerirá una segunda ratificación en el plenario que se inaugurará a comienzos de enero.

Esta mutación constitucional formaliza una concentración del poder político que diluye los contrapesos institucionales y anula la legitimidad de origen emanada de las urnas para la línea sucesoria. Voces de la disidencia nicaragüense, entre ellas la del excarcelado y desterrado Félix Maradiaga, han denunciado que este paso constituye un mecanismo diseñado para blindar una sucesión dinástica en favor de los hijos del matrimonio gobernante, señalando expresamente a Laureano Ortega Murillo. La paradoja histórica resulta patente: un movimiento surgido hace cuatro décadas para derrocar a la dinastía somocista concluye reproduciendo los vicios del personalismo hereditario.

Desde la perspectiva de la tradición política hispánica, edificada sobre la noción del bien común y el servicio a la comunidad según las enseñanzas de la Escuela de Salamanca y el derecho indiano, el poder legítimo nunca puede concebirse como un patrimonio privado ni como un feudo familiar. La dignidad de la persona y el principio de subsidiariedad exigen instituciones estables orientadas a la concordia social y a la protección de los más vulnerables, no arquitecturas legales diseñadas a la medida del gobernante de turno. La degradación de los marcos constitucionales en meras herramientas de supervivencia cupular lesiona la cohesión moral y cívica de la sociedad.

Este retroceso evidencia, asimismo, la alarmante inacción y pasividad de los gobiernos de los países hispanos. Incapaces de forjar una concertación regional verdaderamente autónoma y solidaria, los líderes del continente asisten como meros espectadores a la descomposición institucional de una nación hermana. Esta parálisis colectiva deja el terreno expedito tanto para las consabidas injerencias unilaterales procedentes de Washington como para la fragmentación geopolítica de Centroamérica, demostrando la debilidad de los mecanismos de diálogo exclusivamente hispanoamericanos.

El destino de Nicaragua no concierne únicamente a sus ciudadanos, sino que compromete el equilibrio de toda la América hispana. Cada vez que un país de nuestra comunidad cultural sucumbe a la lógica del caudillismo dinástico, se debilitan la soberanía compartida y las posibilidades de articular un bloque hispano fuerte e independiente en el concierto internacional. Superar este ciclo de fractura exigirá recuperar las fuentes institucionales y éticas de nuestra historia común, anteponiendo el bien de la patria al interés perpetuo de una dinastía.