Nicaragua formaliza la autocracia: la Constitución como cerrojo al poder

La Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por el oficialismo, ha dado el primer paso para blindar jurídicamente el poder del matrimonio Ortega-Murillo. La aprobación inicial de una reforma constitucional de gran calado no es un mero ajuste legal, sino la formalización de un sistema autocrático que busca perpetuarse eliminando cualquier vestigio de competencia política real. La enmienda, aprobada por unanimidad en una sesión especial, se asienta sobre dos pilares: la proscripción de opositores y la extensión de los periodos de gobierno.

El núcleo de la reforma es la introducción del concepto de "traición a la patria" como causa de inhabilitación política perpetua. El texto veta para cualquier cargo público o de elección popular a quienes hayan sido acusados de promover la "injerencia extranjera", sanciones económicas o "intentos de golpe de Estado". Esta terminología, deliberadamente ambigua, otorga al régimen una herramienta discrecional para neutralizar a cualquier voz disidente. El precedente es claro y ominoso: más de 450 nicaragüenses, entre ellos intelectuales de prestigio universal como Sergio Ramírez y Gioconda Belli, ya fueron despojados de su nacionalidad bajo acusaciones similares. La reforma constitucionaliza esta práctica, convirtiendo el disenso en traición por ley.

Este fenómeno, lejos de ser un caso aislado, resuena con fuerza en otras latitudes de la América hispana. La utilización del aparato legal y judicial para anular a adversarios políticos es una estrategia que se ha observado en Venezuela y que define al régimen cubano desde hace décadas. Se crea una "oposición a la medida", tolerando solo a aquellos actores que no representan una amenaza real al poder establecido. Nicaragua perfecciona el modelo, inscribiendo la exclusión en su Carta Magna y convirtiendo la excepción en norma constitucional. El segundo pilar de la reforma, la extensión de los mandatos de cinco a siete años para todos los cargos clave —desde la presidencia hasta la judicatura y el mando militar—, posterga las elecciones de 2026 a 2027 y garantiza una mayor permanencia de la actual estructura de poder.

Ante esta consolidación autoritaria, la reacción del resto de los países hispanos ha sido, en el mejor de los casos, tibia y fragmentada. La pasividad de los principales gobiernos y la inoperancia de los foros regionales para articular una respuesta común y firme evidencian una preocupante debilidad del bloque hispánico. El principio de no injerencia, esgrimido a menudo como excusa, se convierte en un salvoconducto para que un régimen desmantele las libertades fundamentales de su pueblo. Esta falta de acción coordinada no solo abandona a los nicaragüenses, sino que envía una señal de permisividad que puede alentar derivas similares en otras naciones.

El régimen de Ortega-Murillo, por su parte, justifica su cerco a las libertades en un discurso antiimperialista que apela a la histórica intervención de Estados Unidos en Nicaragua. Si bien es innegable el historial de injerencias de Washington en la región, el oficialismo sandinista manipula cínicamente ese sentimiento para legitimar la represión interna. Las sanciones estadounidenses, en lugar de debilitar al régimen, le proporcionan un enemigo exterior al que culpar de la crisis económica y una coartada para calificar a toda la oposición como "agentes del imperio". Se crea así un círculo vicioso donde la presión externa es instrumentalizada para profundizar la tiranía interna, una dinámica que otros líderes hispanos deberían analizar con rigor.

En su raíz más profunda, esta reforma atenta contra la dignidad inalienable de la persona y pervierte el concepto del bien común. Al despojar a los ciudadanos de su nacionalidad y de sus derechos políticos, el Estado niega su propia finalidad, que es servir a la comunidad y no perpetuar a una élite. Se socava la idea de "patria" como un hogar compartido, basado en una herencia y un destino comunes, para reducirla a un sinónimo del partido gobernante. La anulación de la sociedad civil, incluyendo la sistemática persecución a la Iglesia Católica y otras instituciones independientes, busca dejar al individuo solo y desamparado frente al poder absoluto. Nicaragua se convierte así en un trágico laboratorio que exhibe la fragilidad de las instituciones democráticas cuando la comunidad hispana carece de la voluntad para defender sus principios compartidos.