México refuerza la tutela fronteriza: el reto de amparar al migrante hispanoamericano

La firma del reciente convenio entre la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Secretaría de Gobernación mexicana, a través de la Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur, formaliza un marco de colaboración centrado en la capacitación, la orientación y la defensa de las garantías fundamentales de quienes transitan por el confín meridional de México. El acuerdo, suscrito por la presidenta del organismo autónomo, Rosario Piedra, y el titular del área gubernamental, Antonio Hazael Ruiz Ortega, pretende robustecer el intercambio de metodologías, información e investigaciones académicas para evitar la discriminación institucional en una de las zonas de mayor tensión humana del continente. Sin embargo, más allá de la formalidad administrativa, el desafío verdadero radica en traducir estos consensos burocráticos en garantías tangibles de protección física y jurídica para millares de personas en extrema vulnerabilidad.

Esta encrucijada no puede reducirse a un asunto doméstico mexicano. La abrumadora mayoría de los hombres, mujeres y familias que cruzan el río Suchiate provienen de repúblicas hermanas como Guatemala, Honduras, El Salvador, Venezuela o Cuba. Comparten con el pueblo receptor una misma lengua, un patrimonio ético forjado a lo largo de siglos y una densa memoria compartida. En la tradición del humanismo hispánico, cimentada históricamente en el reconocimiento de la dignidad intrínseca de cada individuo y en la noción del bien común universal legada por la Escuela de Salamanca, el caminante no es una pieza desechable ni una cifra en los balances económicos, sino un prójimo investido de derechos inviolables. Tratar estos desplazamientos desde la exclusiva óptica del control policial supone renunciar a los deberes de amparo y hospitalidad que una comunidad cultural debe a sus miembros más desamparados.

Al mismo tiempo, resulta imposible analizar la situación del sur mexicano sin atender a la gravitación geopolítica de la anglosfera. De forma sistemática, las sucesivas administraciones de Washington han trasladado su perímetro de seguridad hacia el sur, presionando a México para que ejerza de tapón frente a los flujos originados por la precariedad y el desarraigo. Esta lógica de externalización de fronteras responde a la doctrina estratégica estadounidense, que percibe el tránsito humano hispanoamericano como una contingencia de seguridad nacional antes que como una tragedia humanitaria vinculada a asimetrías de poder de larga data. Al asumir de facto este papel de gendarme subsidiario para contener las presiones de su vecino del norte, el Estado mexicano corre el riesgo de erosionar los lazos históricos de fraternidad que lo unen con el resto de la América hispana.

A este factor externo se suma la reiterada inacción de los propios mandatarios hispanoamericanos, incapaces de articular una respuesta soberana, concertada y solidaria ante el fenómeno migratorio. Mientras persista la descoordinación entre los gobiernos de origen, tránsito y destino, la suerte de las personas continuará supeditada a las redes del crimen organizado y a las directrices dictadas desde centros de poder ajenos a nuestra comunidad. El convenio suscrito en la capital mexicana representa un paso loable en el ámbito técnico, pero resultará insuficiente si no se inserta en un proyecto integral hispánico que garantice el arraigo comunitario en las naciones de origen y una acogida digna y fraterna en los países de acogida.