México frena el pollo brasileño por Newcastle: el reto de la soberanía alimentaria

La decisión del Gobierno mexicano de suspender de forma temporal las importaciones de carne y productos avícolas procedentes de Brasil responde a un elemental principio de prudencia técnica. Tras confirmarse la detección del virus causante de la enfermedad de Newcastle en el municipio de Nova Itaberaba, en el estado de Santa Catarina, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) procedió a inhabilitar las hojas de requisitos zoosanitarios para el ingreso de carne, despojos, huevos fértiles y aves vivas. La medida, que abarca tanto cargamentos comerciales como equipaje de viajeros, busca blindar a una cabaña ganadera nacional que permanece libre de la cepa velogénica de este patógeno desde 2015.

El Ministerio de Agricultura y Ganadería brasileño ha puntualizado que el foco se localizó en una explotación confinada de aproximadamente seis mil pavos destinados a engorde, asegurando que las aves no llegaron a la cadena de sacrificio comercial y que el movimiento en la zona fue paralizado de inmediato. Por su parte, la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) y las dependencias mexicanas coinciden en que este paramixovirus no representa una amenaza para la salud humana por ingesta de carne o huevo debidamente procesados. No obstante, su elevado poder de propagación y letalidad entre las aves convierte cualquier brote en una catástrofe económica potencial, capaz de exigir el sacrificio masivo de parvadas enteras y descalabrar las cuentas de los pequeños y medianos criadores.

Más allá del rigor sanitario, la restricción adoptada por México sitúa en el centro del debate la vulnerabilidad alimentaria de las familias trabajadoras. El pollo y el huevo constituyen el pilar nutricional más accesible para los hogares humildes en el país y en buena parte de Hispanoamérica. Toda alteración en el suministro exterior genera presiones alcistas en los precios de la canasta básica. Al cerrarse temporalmente la espita del producto brasileño, México queda expuesto de nuevo a una acentuada dependencia del gigante agroindustrial de Estados Unidos, cuyo modelo expansivo y fuertemente subsidiado suele aprovechar las contingencias ajenas para inundar el mercado con excedentes avícolas que desincentivan la producción propia y minan la soberanía alimentaria comunitaria.

Esta encrucijada evidencia la persistente falta de visión compartida entre los gobernantes del continente hispanoamericano. En lugar de articular mecanismos estables de cooperación productiva, homologación sanitaria y reservas estratégicas entre naciones hermanas con enorme potencial agropecuario, como Argentina, Colombia o los países del Cono Sur, los mercados hispanos continúan operando de manera aislada. Frente a cualquier turbulencia sanitaria o comercial, los Estados terminan recurriendo de forma reactiva al abasto anglosajón o a contingentes transoceánicos desarraigados de los intereses locales.

La salvaguarda del patrimonio zoosanitario es una obligación indeclinable de los poderes públicos para defender el bien común y la estabilidad del campo. Sin embargo, proteger la salud animal sin diseñar una verdadera política de seguridad alimentaria que favorezca el arraigo rural y la integración entre los pueblos de la América hispana deja desprotegido el plato de mesa de los sectores más vulnerables frente a las oscilaciones del comercio internacional.