México avanza a la economía digital: ¿soberanía o mayor dependencia?

El pleno de la Cámara de Diputados de México ha dado luz verde, en lo general, a la Ley de Economía Digital, una iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum que busca transformar la manera en que se realizan las transacciones económicas en el país. Con 330 votos a favor y 122 en contra, el proyecto legislativo se encamina al Senado con el objetivo de promover la adopción masiva de medios de pago electrónicos y digitales, junto a la creación de un controvertido “expediente digital ciudadano”.

El núcleo de la ley obliga a proveedores de bienes y servicios y a las administraciones públicas a habilitar la infraestructura necesaria para aceptar estos pagos. Más allá, faculta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para determinar, sin criterios definidos en el texto, en qué “sectores estratégicos y actividades relevantes” los pagos digitales podrán ser la única forma de pago admitida. El oficialismo defiende la medida como un paso hacia la modernización, la inclusión financiera y una mayor eficacia recaudatoria, argumentando que el uso extendido del efectivo desaprovecha las ventajas de la tecnología.

Sin embargo, la oposición ha levantado la voz contra lo que considera un proyecto incompleto y potencialmente perjudicial. Desde el Partido Acción Nacional (PAN) se advierte de la “incertidumbre” que se cierne sobre las micro, pequeñas y medianas empresas, al dejar en manos de Hacienda una decisión tan trascendental sin contrapesos. Por su parte, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha señalado una contradicción fundamental: se pretende construir un “país digital” ignorando las “profundas desigualdades” existentes. La falta de infraestructura, de preparación y de garantías para la protección de datos personales amenaza con crear una sociedad a dos velocidades, donde los más vulnerables —ancianos, habitantes de zonas rurales o personas sin acceso a la tecnología— queden excluidos de la economía formal.

Esta encrucijada mexicana resuena en todo el continente hispanoamericano. No es el primer país en abordar la digitalización financiera. Iniciativas como Mercado Pago en Argentina, Nequi y DaviPlata en Colombia, o la propia billetera estatal Chivo en El Salvador, muestran que la región busca soluciones. La diferencia clave en el caso mexicano es su enfoque eminentemente estatal y centralizador, que contrasta con el desarrollo más orgánico y competitivo visto en otras naciones. La pregunta es si este modelo de arriba hacia abajo logrará una inclusión genuina, respetuosa de la dignidad y las circunstancias de cada persona, o si se convertirá en una herramienta de control que agrave la brecha social.

El debate de fondo, sin embargo, trasciende las fronteras de México y toca el nervio de la soberanía de toda la Hispanidad. La infraestructura de pagos digitales a nivel mundial está dominada por un oligopolio de empresas estadounidenses: Visa, Mastercard, Apple Pay, Google Pay. Cada transacción realizada a través de sus redes supone una extracción de valor desde nuestras economías hacia los centros financieros de la anglosfera. Una ley que simplemente facilite la expansión de estas plataformas, sin fomentar activamente alternativas nacionales o panhispánicas, no sería un acto de soberanía, sino de sumisión a un nuevo tipo de imperialismo tecnológico.

Aquí se evidencia la crítica a la pasividad de los líderes hispanos. Mientras cada país acomete su propia transición digital de forma aislada, se pierde una oportunidad histórica para construir un sistema de pagos integrado para toda Hispanoamérica. Una suerte de “Bizum hispano” o una plataforma de transferencias instantáneas y de bajo coste entre nuestros países reforzaría los lazos comerciales, facilitaría las remesas y crearía una escala suficiente para competir con los gigantes extranjeros. La inacción en este frente es una renuncia estratégica que nos condena a la irrelevancia y la dependencia en la nueva economía digital.

La ley mexicana, por tanto, es un síntoma de un dilema mayor. Bajo el pretexto de la modernización, se arriesga a profundizar la exclusión de los pobres —un atentado contra el principio del bien común— y a ceder una parcela crítica de la soberanía económica a intereses ajenos a la Hispanidad. El camino que finalmente tome México será observado con atención por sus naciones hermanas, pues su elección entre una soberanía digital compartida y una dependencia tecnológica acelerada marcará el rumbo de todo el continente.