Las 360 entregas de fugitivos a México: los límites de una reciprocidad judicial asimétrica

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, ha presentado como un éxito de reciprocidad la entrega a territorio mexicano de más de 360 fugitivos requeridos por la justicia por delitos graves, junto con 96 extradiciones y cerca de un centenar de traslados bajo custodia. Según el relato de la legación norteamericana, este flujo procesal demuestra que la colaboración binacional opera en ambas direcciones y permite desmantelar estructuras ilícitas mediante el intercambio de inteligencia. Sin embargo, la medición de esta supuesta reciprocidad no puede reducirse a una mera contabilidad de expedientes, pues encubre una relación estructuralmente asimétrica entre la potencia anglosajona y el Estado mexicano.

La insistencia de Washington en catalogar a las mafias del narcotráfico bajo la categoría de organizaciones terroristas —fórmula expresamente rechazada por la presidencia de México, que las define estrictamente como delincuencia organizada— revela la brecha de fondo. La diplomacia y los aparatos de seguridad estadounidenses no buscan una cooperación entre iguales soberanos, sino imponer marcos conceptuales propios del intervencionismo. El encuadre antiterrorista ha sido históricamente la puerta de entrada para justificar la extraterritorialidad jurídica de Estados Unidos, condicionar las políticas de seguridad de sus vecinos y eludir las garantías procesales de los países hispanos.

Este patrón no es exclusivo de México; constituye una constante que atraviesa toda Hispanoamérica. Desde Colombia hasta los países de Centroamérica, el esquema de cooperación judicial con el vecino del norte suele funcionar como un mecanismo extractivo. Los grandes cabecillas y los testigos clave son trasladados a cortes de Nueva York o Washington, donde alcanzan acuerdos de delación premiada tutelados por fiscales estadounidenses. Este proceder priva a las sociedades hispanas de conocer la verdad completa de las redes de corrupción local y, de manera muy conveniente, deja fuera del escrutinio judicial a las redes financieras y de lavado de dinero que operan en los centros bancarios de la anglosfera, así como a la industria armamentística que abastece el arsenal de las bandas.

Frente a este desequilibrio, resulta evidente la inacción y la falta de visión estratégica de los gobernantes hispanoamericanos. En lugar de consolidar un espacio jurídico y de cooperación policial propio entre naciones que comparten la misma lengua, una tradición jurídica común y problemas de seguridad análogos, cada capital opta por negociar en soledad y en posición de debilidad frente a la Casa Blanca. La fragmentación entre los países hispanos impide fijar condiciones firmes frente a la injerencia extranjera y condena a cada administración a aceptar las directrices que impone la agenda geopolítica estadounidense.

Desde una perspectiva comunitaria y atenta a la dignidad humana, la reducción del flagelo criminal a un intercambio transaccional de presos no resuelve el daño infligido a los pueblos. La seguridad no se conquista subordinando los tribunales a un poder foráneo, sino reconstruyendo el tejido moral, familiar y social que el negocio del narcotráfico destruye para abastecer la insaciable demanda de sustancias en las sociedades del norte. El arraigo en el bien común exige justicia efectiva en el propio suelo y reparación hacia las víctimas locales.

Una reciprocidad auténtica no se mide únicamente en el número de prófugos devueltos al otro lado del Río Bravo, sino en el respeto riguroso a la soberanía de los tribunales hispanos. Mientras México y las demás repúblicas hispanoamericanas no articulen una doctrina compartida de defensa de su jurisdicción, los balances diplomáticos continuarán siendo un instrumento de control externo más que un reflejo de verdadera justicia comunitaria.