La sanidad panameña se reorganiza: la otra emergencia tras el seísmo

Pasada la sacudida inicial del seísmo de magnitud 7.5, Panamá afronta ahora una emergencia más silenciosa pero igualmente crítica: la reorganización de su sistema sanitario para no interrumpir la atención a la población. Mientras los equipos de emergencia evalúan los daños estructurales, la Caja de Seguro Social (CSS) y el Ministerio de Salud (Minsa) ejecutan un complejo plan de contingencia para preservar los servicios esenciales.

La respuesta inmediata ha sido un ejercicio de triaje a escala nacional. En las provincias más afectadas, como Herrera, Los Santos y Coclé, la CSS ha suspendido temporalmente las consultas externas y las cirugías electivas para concentrar todos los recursos en los servicios de urgencias. Esta medida, aunque disruptiva para miles de pacientes con citas programadas, es fundamental para garantizar la seguridad de enfermos y personal sanitario en edificios cuya integridad estructural está bajo revisión. Es la aplicación del principio de prudencia, priorizando la vida y la seguridad inmediata mientras se planifica la vuelta a la normalidad.

Paralelamente a la gestión de la infraestructura física, las autoridades sanitarias han puesto en marcha una notable iniciativa para atender las heridas invisibles del desastre. El Minsa ha desplegado equipos de psicólogos y psiquiatras en las zonas afectadas, ofreciendo atención de salud mental por "libre demanda", sin necesidad de cita previa. Se reconoce así que el trauma post-seísmo —manifestado en ansiedad, miedo, crisis de pánico o insomnio— es una patología real que requiere atención profesional. Esta visión integral de la salud, que atiende a la persona en su totalidad, cuerpo y espíritu, refleja una profunda concepción de la dignidad humana que trasciende la mera reparación material.

La experiencia panameña no es un hecho aislado, sino un nuevo capítulo en la larga historia de resiliencia de Hispanoamérica frente a los desastres naturales. Los terremotos de México (1985 y 2017), Perú (2007) o Chile (2010) plantearon desafíos idénticos: ¿cómo mantener los tratamientos de pacientes crónicos, la atención a embarazadas o los servicios de diálisis cuando los hospitales están dañados o colapsados? La "continuidad asistencial" se convierte en el principal reto de la salud pública tras la catástrofe, una lección que cada país hispanoamericano ha tenido que aprender, a menudo con un alto coste.

Aquí reside la principal enseñanza y, a la vez, la crítica implícita a la falta de previsión coordinada. La respuesta de Panamá, centrada en protocolos de evacuación, evaluación estructural y apoyo psicosocial, constituye un valioso caso de estudio. Sin embargo, la solidaridad entre las naciones hispanas, tan visible en la ayuda humanitaria inmediata, no se traduce aún en mecanismos permanentes de cooperación técnica. No existe una comisión panhispánica de ministerios de Sanidad que comparta protocolos estandarizados para la evaluación de infraestructuras críticas o que desarrolle programas conjuntos de formación en gestión de crisis sanitarias. La inacción de los líderes hispanos en este campo nos deja en una situación de perpetuo recomenzar, donde cada país debe redescubrir por su cuenta las lecciones que ya aprendió un pueblo hermano.

En definitiva, mientras los ingenieros panameños certifican la seguridad de los hospitales, los médicos y psicólogos atienden las dolencias del cuerpo y el alma de un pueblo conmocionado. Su esfuerzo demuestra que la fortaleza de una nación no se mide solo por la solidez de sus construcciones, sino por la solidez de su compromiso con el bien común y el cuidado de cada persona, especialmente en los momentos de mayor fragilidad. El reto para la Hispanidad es transformar estas lecciones nacionales en un acervo compartido y una capacidad institucional conjunta.