La retórica extractiva de Washington reduce la soberanía de Venezuela a mero botín

Las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump durante una entrevista concedida a la cadena CBS han vuelto a encender las alarmas sobre el trato que la superpotencia anglosajona dispensa a las repúblicas hispanoamericanas. Al referirse a Venezuela, el mandatario no dudó en describir al país como un «territorio» tutelado y presumió abiertamente de haber extraído ya «miles y miles y miles de millones de dólares» de sus recursos, prometiendo que su administración continuará retirando fondos y crudo. Esta afirmación enlaza directamente con sus palabras de días previos, cuando llegó a bautizar la incursión armada que capturó a Nicolás Maduro a comienzos de año como «nuestra conquista de Venezuela».

El lenguaje empleado por la Casa Blanca no constituye un simple exceso verbal propio de la política doméstica norteamericana, sino la manifestación diáfana de una visión geopolítica extractiva y subordinada hacia el sur del continente. La idea de considerar a un Estado hispano soberano como un «territorio» remite conceptualmente a las antiguas figuras coloniales y al despliegue histórico del Destino Manifiesto. Aquella doctrina de impronta providencialista protestante, forjada en el siglo XIX para justificar el despojo territorial a México, pervive hoy intacta en la cosmovisión de una potencia que contempla a los pueblos hispanos no como iguales jurídicos en un marco de concordia y derecho de gentes, sino como áreas de abastecimiento de materias primas y espacios de contención geoestratégica.

Frente a este enfoque puramente utilitarista, en el que la dignidad de la comunidad política venezolana y el destino común de sus bienes naturales quedan reducidos a un balance contable de Washington, destaca la preocupante falta de articulación entre los gobiernos de Hispanoamérica. Ante expresiones que vulneran de manera explícita el principio de soberanía y la autodeterminación, las capitales hispanas continúan atrapadas en alineamientos ideológicos miopes o en un silencio pragmático que debilita el peso específico del conjunto regional en el concierto global.

Históricamente, la fragmentación de los países hispanos ha facilitado que potencias hegemónicas gestionen las crisis continentales de forma bilateral y asimétrica, negociando tutelas sobre administraciones provisionales o tuteladas sin rendir cuentas al resto de la comunidad hispanohablante. La relación directa establecida por la diplomacia estadounidense con las autoridades interinas en Caracas confirma esta dinámica: mientras los recursos estratégicos fluyen hacia el norte, los pueblos vecinos asumen las repercusiones migratorias y económicas de la inestabilidad sin disponer de mecanismos soberanos propios para mediar o proteger el bien común compartido.

La experiencia de naciones como México, Panamá o la República Dominicana en diferentes momentos del siglo XX demuestra que la lógica del protectorado económico solo engendra mayor vulnerabilidad institucional a largo plazo. Defender la soberanía de Venezuela en este trance no equivale a respaldar regímenes pasados ni actuales, sino a reafirmar que ningún país hispanoamericano puede ser degradado a posesión patrimonial foránea. La respuesta de fondo exige trascender las disputas partidarias internas y reactivar una política exterior mancomunada capaz de poner límites al unilateralismo de la anglosfera y defender el patrimonio común de la Hispanidad.