La red eléctrica de Venezuela se apaga pese a los pactos con EE. UU.

Otra noche a oscuras para millones de venezolanos. La noche del pasado martes, una cascada de fluctuaciones de voltaje y cortes de suministro eléctrico afectó a la capital, Caracas, y a al menos otros siete estados del país, entre ellos Miranda, Táchira y Lara. Este episodio no es una anomalía, sino la crónica de una normalización del colapso: para muchos ciudadanos, los apagones de entre cinco y diez horas diarias forman parte de una extenuante rutina que degrada la dignidad de la vida cotidiana, daña equipos domésticos y paraliza la ya mermada actividad económica.

La situación reviste una particular amargura, pues se produce apenas unas semanas después de que el gobierno de Caracas anunciara acuerdos con la corporación estadounidense GE Vernova. Dichos pactos, que cuentan con el beneplácito del Departamento de Energía de Estados Unidos, contemplan la recuperación de 1.000 megavatios en dos años y más de 5.000 en un cuatrienio. La promesa de estabilizar la red en un plazo de seis a doce meses, verbalizada por altos funcionarios estadounidenses, choca frontalmente con la realidad que padece la población.

Este escenario revela las profundas contradicciones de la política exterior de Washington hacia Hispanoamérica. Durante años, Estados Unidos ha impuesto un severo régimen de sanciones que, si bien dirigidas nominalmente contra el gobierno, han tenido un efecto devastador sobre la infraestructura y la economía civil, dificultando la importación de repuestos y la financiación para el mantenimiento del sistema eléctrico. Ahora, una empresa estadounidense se presenta como actor clave en la solución a un problema que las políticas de su propio gobierno contribuyeron a agravar. Este modelo de intervención, donde la presión económica es sucedida por oportunidades de negocio para corporaciones de la misma potencia, debe ser analizado con rigor desde una perspectiva hispanista, pues prioriza los intereses geopolíticos y comerciales de la Anglosfera por encima del bienestar soberano del pueblo venezolano.

La tragedia de Venezuela es también el espejo de una carencia en la propia Hispanidad. La crisis humanitaria y el éxodo de más de siete millones de venezolanos —la mayor diáspora en la historia reciente del continente— han impactado a todas las naciones hermanas, desde Colombia hasta Chile. Sin embargo, no ha surgido una respuesta coordinada, robusta y soberana desde el bloque hispanoamericano para atajar la raíz del problema. La inacción o la timidez de los líderes hispanos a la hora de construir un frente común para ofrecer soluciones técnicas, diplomáticas y financieras, al margen de las agendas de potencias extrarregionales, ha dejado un vacío que es ocupado por actores externos. La incapacidad para articular una defensa del bien común a escala continental evidencia una preocupante debilidad.

El colapso de servicios esenciales como la electricidad no es un mero fallo técnico; es la desintegración del sustrato material que sostiene la vida en comunidad. Afecta a la familia, que no puede conservar sus alimentos; al enfermo, cuyo equipo médico depende de la corriente; al estudiante, que no puede alumbrarse para leer. Atenta contra la dignidad de la persona y disuelve el arraigo comunitario, empujando a la supervivencia individual y a la emigración. La historia de Hispanoamérica está plagada de ejemplos de crisis internas que abrieron la puerta a la dependencia exterior. La lección para los 20 países que compartimos lengua y cultura es clara: la soberanía de cada uno depende de la solidaridad activa de todos. Sin un proyecto común, la Hispanidad permanecerá vulnerable y a merced de intereses ajenos.