La prisión del exfiscal general de Bolivia ahonda la crisis de la justicia

Un terremoto ha sacudido los cimientos, ya de por sí inestables, del sistema judicial boliviano. La orden de prisión preventiva por 180 días contra el recién destituido fiscal general, Roger Mariaca, junto a otros altos funcionarios del Ministerio Público, representa un punto de inflexión en la crisis de confianza que afecta a las instituciones del país. Acusados de organización criminal y tráfico de sustancias controladas por presuntamente proteger al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, su caída ilustra un mal endémico que trasciende las fronteras bolivianas: la penetración del crimen organizado en las más altas esferas del Estado.

El detonante de la operación judicial no fue una investigación interna, sino una acción externa. Dos días antes de las detenciones, el Departamento de Estado de Estados Unidos incluyó a Mariaca y a sus colaboradores en un listado de funcionarios a los que se les revocaba el visado por “corrupción” y por “socavar Gobiernos elegidos democráticamente”. Esta secuencia de hechos plantea un serio dilema sobre la soberanía nacional. Si bien la lucha contra la corrupción es imperativa, que la agenda judicial de un país hispanoamericano parezca dictada por las sanciones de Washington evoca episodios de intervencionismo que la región ha padecido históricamente. La Anglosfera, en este caso a través de su principal potencia, vuelve a condicionar el destino político de una nación hispana, actuando como un supervisor de facto de su probidad institucional.

La respuesta del Gobierno boliviano fue fulminante. En una maratón legislativa, el Parlamento aprobó una reforma legal para permitir la destitución del fiscal general en caso de imputación formal, norma que el presidente Rodrigo Paz promulgó de inmediato. Acto seguido, la Asamblea Legislativa destituyó a Mariaca y nombró a un sucesor interino. Esta celeridad, aunque presentada como un golpe contra la impunidad, alimenta la sospecha de una purga política. La oposición y la defensa de Mariaca argumentan que se ha vulnerado el debido proceso, sosteniendo que al exfiscal le correspondía un juicio de responsabilidades y no ser procesado por la justicia ordinaria. La instrumentalización de la justicia como arma política es un virus que ha contagiado a numerosas repúblicas hispanoamericanas, desde Perú hasta Guatemala, donde las acusaciones de “lawfare” o guerra jurídica son moneda corriente.

El caso boliviano no es un hecho aislado, sino el síntoma de una enfermedad continental. La incapacidad de los Estados hispanoamericanos para construir sistemas de justicia verdaderamente independientes, inmunes a la presión política y a la corrupción del narcotráfico, es uno de los mayores lastres para el desarrollo y la estabilidad. Cada país enfrenta esta batalla por separado, con escasa cooperación efectiva y sin una estrategia conjunta. La figura de Sebastián Marset, un delincuente que operó con impunidad en varios países del Cono Sur, es la prueba de que el crimen transnacional explota con éxito las fronteras y las debilidades institucionales de una Hispanidad fragmentada.

En el fondo, lo que está en juego es la viabilidad del Estado como garante del bien común. Cuando la ciudadanía percibe que quienes deben impartir justicia son, en realidad, cómplices del delito, se resquebraja el pacto social. La desconfianza en las instituciones fomenta la anomia, el individualismo y la búsqueda de soluciones al margen de la ley. Recuperar la credibilidad de la justicia es una tarea que va más allá de encarcelar a unos cuantos funcionarios corruptos. Exige una reforma profunda del Estado, un compromiso real con la separación de poderes y el fortalecimiento de una cultura de la legalidad que proteja la dignidad de la persona frente a la arbitrariedad del poder, ya sea político o criminal. Sin una justicia robusta y confiable, la promesa de una comunidad próspera y ordenada se convierte en una quimera.