La persecución religiosa en Nicaragua ante la CIDH evidencia la soledad de Managua

La audiencia celebrada esta semana en Ciudad de Panamá por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha vuelto a poner cifras a una de las ofensivas institucionales más severas contra la vida civil y comunitaria en la historia reciente de Hispanoamérica. Diversas organizaciones de derechos humanos documentaron ante el órgano regional la clausura forzosa y la retirada de personalidad jurídica a 1.341 corporaciones religiosas en Nicaragua desde 2018. El inventario del despojo, presentado por entidades como el Colectivo Nicaragua Nunca Más y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, detalla la incautación arbitraria de decenas de templos, colegios, residencias y obras sociales, ocupadas de inmediato por dependencias gubernamentales.

Aunque el embate estatal abarca a numerosas congregaciones de cuño protestante, el ensañamiento del régimen que encabezan Daniel Ortega y Rosario Murillo ha apuntado con especial virulencia contra la Iglesia católica, un pilar insustituible en la cohesión social y la memoria histórica del pueblo nicaragüense. En una nación forjada en la tradición hispánica, donde la parroquia y las cofradías han articulado históricamente las redes de asistencia, caridad institucional y amparo a los más desfavorecidos, el aparato estatal busca erradicar cualquier espacio comunitario que no responda a su lógica vertical. Desde las protestas cívicas de 2018, la jerarquía y los laicos asumieron un papel de mediación y custodia de la dignidad de las personas frente a la violencia desmedida, una postura moral que el poder central percibió como una amenaza existencial para su permanencia autocrática.

Frente a este cuadro de desmantelamiento cívico, sobresale la flagrante inacción de los gobernantes de las repúblicas hispanas. Salvo contadas excepciones diplomáticas de carácter testimonial, las cancillerías de la América hispana y la propia España han exhibido una parálisis exasperante. Ninguna iniciativa coordinada de concertación política ha emanado de los foros de integración que vinculan a las naciones hermanas para proteger al pueblo nicaragüense y exigir garantías para sus pastores y fieles. Esta omisión histórica constata la fragilidad del hermanamiento regional cuando los intereses partidistas de corto alcance se anteponen al bien común de una comunidad civil que comparte lengua, raíces morales y un mismo destino continental.

Esa pasividad ha dejado el terreno expedito a la tutela de la anglosfera y a la burocracia de Washington, cuya política hacia Managua sigue reducida a la aplicación periódica de sanciones económicas coercitivas y declaraciones grandilocuentes que históricamente nunca han resuelto las crisis estructurales del istmo centroamericano. Muy al contrario, las presiones unilaterales diseñadas en despachos estadounidenses terminan asfixiando las condiciones de vida de las poblaciones locales sin conmover las estructuras de mando de los regímenes consolidados. Mientras la diplomacia norteamericana instrumentaliza las libertades civiles según su conveniencia geopolítica, los países hispanos abdican de su deber natural de mediar de manera soberana y solidaria entre pueblos hermanos.

En la cultura hispánica, la libertad religiosa no se limita a un mero trámite administrativo ni a una concesión graciosa otorgada por el poder civil, sino que constituye una manifestación primordial del principio de subsidiariedad y del arraigo popular frente a la omnipotencia estatal. Al despojar a las comunidades de sus conventos, seminarios y dispensarios médicos, Managua vulnera los cimientos morales que sostienen la convivencia pacífica. Revertir este aislamiento requerirá que las capitales hispanoamericanas asuman, con voz propia y sin tutelas foráneas, la defensa intransigente de las libertades fundamentales de sus semejantes.