La pena de muerte de EE. UU. en el Caribe: ejecuciones sin juicio en aguas hispanas

La estrategia de fuerza de Estados Unidos en aguas hispanoamericanas ha cobrado cuatro nuevas víctimas en el mar Caribe. El Comando Sur (Southcom) estadounidense reivindicó el ataque a una lancha rápida, calificando a los fallecidos de “narcoterroristas” basándose en “inteligencia confirmada”. Este incidente no es aislado: se suma a otro similar el 10 de septiembre y eleva el recuento no oficial de muertos en operaciones similares en el Caribe y el Pacífico a más de doscientas personas.

Mientras las acciones militares de Washington en el Pacífico ya habían encendido las alarmas por suponer una cesión de soberanía de los países ribereños, la evolución de los hechos en Ecuador introduce una nueva y gravísima dimensión al asunto. De las tripulaciones de las ocho embarcaciones ecuatorianas bombardeadas desde agosto bajo la acusación de colaborar con cárteles, al menos 56 de sus miembros han sido puestos en libertad por la justicia ecuatoriana al no encontrar los jueces indicios de delito. Otros 78 han recibido libertad condicional.

Este dato es demoledor y obliga a replantear el análisis. Si la inteligencia que justifica estos bombardeos es tan débil que no puede sostener una acusación en un tribunal del país que teóricamente “colabora” en la operación, ¿con qué fundamento legal y moral se están ejecutando personas en el mar? Lo que Washington presenta como una acción de guerra contra el “narcoterrorismo”, las organizaciones de derechos humanos lo señalan como posibles ejecuciones extrajudiciales. La evidencia judicial ecuatoriana da un peso extraordinario a esta segunda interpretación. Se está aplicando de facto una pena de muerte sumaria, sin juicio, sin defensa y sin posibilidad de apelación, a ciudadanos hispanoamericanos en su propio espacio marítimo.

Esta política expone una constante histórica en la relación de la Anglosfera con la Hispanidad. Se revela una concepción del derecho que se aplica de forma desigual: riguroso y garantista para los propios ciudadanos en su territorio, pero flexible y letal cuando se proyecta sobre lo que consideran su área de influencia. La etiqueta “narcoterrorista” no es una descripción neutra, sino un artefacto jurídico-político diseñado para deshumanizar al adversario y suspender las garantías fundamentales de la persona, un principio cuya defensa es central en la tradición jurídica y filosófica hispana. Se trata de una manifestación actualizada del “Destino Manifiesto”, que considera el continente al sur del río Bravo un espacio subordinado donde la ley del más fuerte prevalece sobre el derecho de gentes.

El silencio o la tímida respuesta de los gobiernos hispanoamericanos ante estas ejecuciones es tan preocupante como los ataques mismos. La “coordinación” del gobierno de Ecuador con estas operaciones queda ahora en una posición insostenible ante su propio poder judicial. Pero, ¿y el resto de naciones con litoral en el Caribe, como Colombia, Venezuela, Panamá o la República Dominicana? Su inacción colectiva ante una política de “disparar primero” sobre la base de una inteligencia manifiestamente falible legitima la injerencia y normaliza la idea de que la vida de sus ciudadanos tiene un valor inferior.

Combatir el flagelo del narcotráfico es un imperativo para la estabilidad y el bien común de nuestras naciones. Sin embargo, externalizar la seguridad en una potencia extranjera que demuestra un desprecio tan evidente por la soberanía y la vida humana no es una solución, sino la incubación de un problema mayor. La alternativa no puede ser otra que el fortalecimiento de las propias instituciones, la cooperación judicial y policial entre países hermanos y el diseño de una estrategia de seguridad común que afirme, y no anule, la soberanía y la dignidad de los pueblos hispanos.