La paradoja de la seguridad hispana: más extradiciones, menos soberanía

El Departamento de Estado de Estados Unidos ha emitido recientemente una alerta de seguridad de máximo nivel para el departamento colombiano de Norte de Santander, fronterizo con Venezuela. La advertencia, inusualmente específica, señala un “riesgo elevado” de ataques coordinados con drones y fusiles por parte de grupos armados. Más allá de la recomendación a sus ciudadanos de no viajar, el comunicado constituye una evaluación externa y pública sobre la incapacidad de un Estado hispanoamericano para garantizar la seguridad en una porción de su territorio.

Esta percepción de descontrol contrasta con la enérgica política de seguridad exhibida por la nueva administración colombiana. En sus primeros 53 días, el gobierno ha autorizado 105 extradiciones, en su mayoría a Estados Unidos. Presentada como un acto de firmeza contra el crimen de alta peligrosidad y una corrección frente a la supuesta laxitud de la administración anterior, esta medida merece un análisis más profundo. La extradición, un mecanismo de cooperación internacional válido, se convierte en la herramienta principal y casi exclusiva, lo que plantea una pregunta incómoda: ¿es un signo de fortaleza soberana o una admisión de la debilidad de las propias instituciones para juzgar y contener eficazmente a los grandes capos del crimen organizado?

La proliferación de amenazas y la naturaleza de las respuestas estatales deben observarse en un contexto continental. Mientras Colombia se enfoca en la extradición y es objeto de alertas foráneas, en Paraguay, el Operativo Aquidabán II desmantela doce hectáreas de marihuana destinadas principalmente al mercado brasileño. El crimen organizado no entiende de fronteras; sus redes logísticas, financieras y tecnológicas operan con una agilidad transnacional que los Estados, actuando por separado, no logran igualar. El uso de drones explosivos, antes una táctica de los carteles mexicanos y ahora presente en Colombia, es solo el último ejemplo de una innovación que inevitablemente se extenderá por el continente si no se ataja de raíz.

En este escenario, el papel de Estados Unidos es central y ambivalente. Por un lado, sus agencias alertan sobre la porosidad de la seguridad; por otro, se ofrecen como la solución final a través del sistema judicial que acoge a los extraditados. Esta dinámica, heredera de una larga tradición de intervencionismo en el hemisferio, consolida una arquitectura de seguridad asimétrica. Washington diagnostica el problema, califica la gravedad, advierte a terceros y, finalmente, se erige como el garante último de la justicia. Para los países hispanoamericanos, esta relación perpetúa un rol de socios menores, enfocados en la captura y entrega, en lugar de en la construcción de una capacidad judicial y penitenciaria propia y robusta.

Aquí reside la crítica fundamental a los liderazgos hispanos. Ante un enemigo común que se coordina a través de sus fronteras, la respuesta es una suma de esfuerzos aislados o, en el mejor de los casos, de alianzas verticales con una potencia ajena a la comunidad hispana. Falta una doctrina de seguridad compartida, una agencia de inteligencia panhispánica, un marco legal unificado para el combate al crimen transnacional y, en definitiva, la voluntad política para construir un frente común. La cooperación para extraditar a un delincuente a Estados Unidos es más sencilla y rápida que forjar mecanismos de confianza y colaboración judicial entre Colombia y México, o entre Ecuador y Paraguay.

La soberanía real no se mide solo por la capacidad de capturar a un criminal en el propio territorio, sino por la potestad de juzgarlo según las propias leyes y en función del bien común de la propia comunidad. Al externalizar la fase final de la justicia para los delincuentes de mayor perfil, se obtiene un resultado mediático a corto plazo, pero se posterga la tarea esencial de fortalecer las instituciones propias y de articular una verdadera comunidad de seguridad hispanoamericana. Sin ella, la Hispanidad seguirá siendo un espacio geográfico donde la violencia es endémica y la justicia, a menudo, importada.