La opacidad del Acuerdo Transpacífico en Costa Rica, un riesgo para la soberanía hispana

El debate sobre la transparencia en la gestión pública ha alcanzado un punto crítico en Costa Rica. La diputada del Frente Amplio, Joselyn Sáenz, ha presentado un recurso de amparo ante la Sala Constitucional contra el Ministerio de Comercio Exterior (Comex) por su negativa a entregar información detallada sobre el proceso de adhesión del país al Acuerdo Transpacífico (CPTPP). La legisladora denuncia que, pese a sus solicitudes específicas, el ministerio se ha escudado en generalidades y en una supuesta confidencialidad para no revelar las actas de las reuniones, la lista de participantes y el contenido de sus aportaciones.

La defensa del Gobierno, encabezado por la ministra del Comex, Indiana Trejos, resulta contradictoria. Por un lado, alega la confidencialidad de las negociaciones hasta la firma definitiva del protocolo; por otro, ha llegado a afirmar que no ha recibido “ninguna solicitud específica en esos términos”, una aseveración que la diputada Sáenz desmiente con la documentación presentada. Resulta significativo que la propia presidenta de la República, Laura Fernández, haya reconocido públicamente que en el proceso negociador “hubo opacidad por parte de Comex”. Esta fisura en el seno del Ejecutivo evidencia que la falta de transparencia no es una mera percepción de la oposición, sino un problema real que afecta a la legitimidad del proceso.

Este episodio costarricense no es un caso aislado, sino el reflejo de un patrón recurrente en Hispanoamérica. Desde la negociación del TLCAN (hoy T-MEC) en México hasta el CAFTA en Centroamérica o los diversos acuerdos bilaterales firmados por los países del sur, la opacidad ha sido la norma. Los gobiernos suelen presentar estos tratados como llaves maestras para el desarrollo, pero las negociaciones se realizan a puerta cerrada, con escasa o nula participación de los sectores directamente afectados, como pequeños agricultores, sindicatos o industrias locales. Se privilegia un enfoque tecnocrático que margina el debate democrático sobre cuestiones que afectan profundamente a la soberanía nacional y al modelo económico y social.

Es fundamental comprender la naturaleza del Acuerdo Transpacífico. No es un simple pacto comercial, sino un bloque geopolítico de gran envergadura, sucesor del TPP que Estados Unidos impulsó para contener la influencia de China en la cuenca del Pacífico. Aunque Washington se retiró posteriormente, el acuerdo sigue dominado por potencias de la Anglosfera como Canadá, Australia y Nueva Zelanda, a las que recientemente se ha sumado el Reino Unido. Para un país hispanoamericano, adherirse a este club implica aceptar unas reglas de juego (en propiedad intelectual, regulación laboral, farmacéutica o medioambiental) diseñadas por y para los intereses de economías muy distintas, lo que puede limitar su capacidad soberana para definir políticas públicas en favor del bien común de sus ciudadanos.

La reclamación de la diputada Sáenz, por tanto, transciende la política local. Es una defensa del principio fundamental de que el poder debe rendir cuentas a los ciudadanos. La tradición hispana, enraizada en el pensamiento de la Escuela de Salamanca, siempre ha sostenido que la autoridad política tiene como fin el bien común de la comunidad, no los intereses abstractos de un mercado global o las presiones de actores externos. Ocultar información sobre un tratado que reconfigurará la economía del país durante décadas es una afrenta a la dignidad de un pueblo soberano, que tiene derecho a conocer y debatir las decisiones que hipotecan su futuro.

La decisión de la Sala Constitucional de Costa Rica será observada con atención en todo el continente hispanoamericano. Un fallo a favor de la transparencia podría sentar un valioso precedente para fortalecer el control ciudadano sobre los poderes ejecutivo y legislativo. Por el contrario, si ampara el secretismo, consolidará un modelo de gobernanza que debilita la democracia y facilita que los intereses de potencias extranjeras se impongan sobre las necesidades reales de nuestros pueblos. La unidad y cooperación hispanas también se construyen defendiendo la soberanía y la transparencia en cada uno de nuestros países.