La OEA reactiva su tutela sobre Nicaragua ante la división hispanoamericana

La creación de un Grupo Ministerial de Seguimiento sobre Nicaragua por parte de la Organización de Estados Americanos (OEA) vuelve a situar la crisis institucional del país centroamericano en el centro de la agenda continental. Integrado por siete repúblicas hispanas —Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Paraguay, Perú y Brasil— junto a Dominica, Canadá y Estados Unidos, el equipo tiene un mandato de 60 días para proponer medidas diplomáticas y jurídicas orientadas a restablecer el calendario electoral y lograr la excarcelación incondicional de los presos políticos.

La decisión del organismo interamericano responde al anuncio realizado el pasado julio por el mandatario Daniel Ortega, quien declaró la supresión de futuros comicios y promovió reformas legales destinadas a inhabilitar a la oposición bajo acusaciones de traición. Habiendo formalizado su salida de la OEA en 2023, el régimen nicaragüense profundiza un aislamiento que golpea de manera directa a la sociedad civil y a las instituciones intermedias. Entre ellas, la Iglesia y las comunidades locales han padecido una persecución sistemática que desarticula el tejido social histórico y atenta contra la dignidad elemental de la persona y el bien común.

Sin embargo, la composición y el marco de este grupo de seguimiento revelan las carencias estructurales que arrastra Hispanoamérica en el plano diplomático. Frente a un drama que afecta a una nación hermana de la patria grande, los gobiernos hispanos se muestran incapaces de articular una respuesta soberana, conjunta y autónoma, recurriendo de nuevo a la arquitectura panamericana dominada históricamente por el Departamento de Estado de Washington. Esta constante delegación en foros tutelados por la anglosfera demuestra la pasividad de las cancillerías hispanoamericanas para forjar instrumentos propios de mediación que defiendan las libertades sin someter la región a intereses ajenos.

Nicaragua ha sido históricamente víctima de las pretensiones imperiales estadounidenses, desde las incursiones filibusteras del siglo XIX hasta las reiteradas intervenciones del siglo XX. Hoy, esa memoria agraviada es instrumentalizada por el oficialismo nicaragüense para justificar la represión interna bajo una falsa bandera de resistencia nacional. Al mismo tiempo, la diplomacia de Washington aprovecha el vacío dejado por la desunión hispana para erigirse en árbitro moral y político en un territorio que no comprende en sus raíces culturales y espirituales.

La superación de la tragedia nicaragüense no vendrá impuesta desde los centros de poder de América del Norte ni a través de sanciones que estrangulen a las familias más vulnerables. Exige, por el contrario, que las naciones hispanoamericanas asuman su responsabilidad compartida, ejerciendo una presión política coordinada y fraterna que exija la apertura democrática, el respeto irrestricto a los derechos fundamentales y la restitución del derecho de los nicaragüenses a decidir su destino sin tutelas externas ni despotismos locales.