La OEA frente a Nicaragua: un espejo de la división hispanoamericana

La Organización de los Estados Americanos (OEA) se prepara para celebrar una reunión de cancilleres que aborde la consolidación del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua, tras el impulso de una reforma constitucional para vetar a la oposición. Sin embargo, más allá de la previsible condena, la cita diplomática amenaza con convertirse en el reflejo de una impotencia mayor: la incapacidad del mundo hispano para forjar una respuesta común y eficaz a las crisis que socavan la libertad en uno de sus países miembros.

El secretario general adjunto de la OEA, Albert Ramdin, ha sido claro al afirmar que "una simple condena no es suficiente" y que la reunión debe servir "para tomar medidas". Pero este voluntarismo choca con una realidad incontestable que yace en el origen mismo de la convocatoria. La resolución fue aprobada con la llamativa oposición de Brasil y, sobre todo, la abstención de México, dos de los actores con mayor peso específico del continente. Este solo hecho vacía de contenido la pretendida unidad regional y anticipa un resultado tibio.

La postura de México, amparada en su tradicional doctrina de no intervención, evoca un principio históricamente justo: la defensa de la soberanía nacional frente a las injerencias de potencias extranjeras, singularmente las de Estados Unidos. Esta desconfianza, forjada en un siglo de intervencionismo norteamericano, es un dato fundamental de la cultura política hispanoamericana. No obstante, su aplicación rígida y dogmática en el siglo XXI plantea un serio dilema moral y estratégico. Cuando la no intervención se transforma en una coartada para la pasividad ante la sistemática violación de los derechos humanos y la aniquilación de la pluralidad política en un país hermano, deja de ser un escudo soberano para convertirse en cómplice silencioso de la opresión.

Esta división interna de Hispanoamérica es el verdadero nudo gordiano. La ausencia de un liderazgo claro y de una visión compartida sobre la defensa de la democracia crea un vacío que, inevitablemente, es ocupado por Estados Unidos. Washington, anfitrión del encuentro y principal impulsor de las sanciones, asume un protagonismo que incomoda a muchos gobiernos hispanoamericanos, pero que es consecuencia directa de la inacción de estos. Se repite así un patrón histórico: ante la falta de mecanismos propios y de voluntad política para resolver las crisis internas, el continente hispanoamericano queda a merced de la agenda y los intereses de la potencia anglosajona, viendo cómo un problema regional se dirime bajo la batuta de Washington.

El régimen de Ortega, que abandonó formalmente la OEA en 2023, instrumentaliza este escenario a su favor. Se envuelve en la bandera del antiimperialismo para justificar la represión interna, sabiendo que el liderazgo estadounidense en su contra genera anticuerpos y divide al resto de naciones. El resultado es una parálisis trágica: la dignidad de la persona y el bien común del pueblo nicaragüense quedan subordinados a un ajedrez geopolítico donde los países hispanos, en lugar de ser los protagonistas de la solución, actúan como actores secundarios en un drama dirigido desde fuera de la región.

La crisis nicaragüense, por tanto, trasciende sus fronteras. Es un examen para toda la Hispanidad. Demuestra la urgencia de superar una concepción decimonónica de la soberanía y de construir una comunidad de naciones capaz de hacerse cargo de sus propios problemas, basada en la subsidiariedad y en la defensa activa de unos principios compartidos. Mientras los líderes hispanos no asuman esa responsabilidad histórica, seguirán atrapados en la falsa disyuntiva de secundar la agenda de Washington o tolerar a los tiranos que emergen en su seno. En ambos casos, pierde la Hispanidad en su conjunto.