La OEA condena a Nicaragua, pero la desunión hispana debilita la respuesta

La Organización de los Estados Americanos (OEA) ha aprobado por unanimidad una resolución que condena la deriva autoritaria del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua. El texto, impulsado por una coalición de países que incluye a Estados Unidos, Argentina, Colombia y Perú, es una contundente enumeración de exigencias: la liberación incondicional de los presos políticos, la celebración de elecciones libres, el restablecimiento de la separación de poderes, la publicación del paradero de los desaparecidos y la restitución de la nacionalidad a los más de 450 nicaragüenses convertidos en apátridas por su propio gobierno.

La medida responde directamente al anuncio de Daniel Ortega el pasado julio, cuando declaró que en el país no se celebrarían más comicios, seguido de una reforma constitucional que impide la participación electoral a quienes sean considerados "traidores a la patria", una fórmula dirigida a aniquilar a toda la oposición. La situación descrita por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es la de un "estado policial" que persigue a sus ciudadanos incluso en el extranjero.

Sin embargo, más allá de la unanimidad formal, la reunión extraordinaria de cancilleres en Washington ha sido un espejo de la parálisis y la división que aquejan a la Hispanidad. De los 34 estados miembros, solo siete enviaron a sus ministros de Exteriores. La mayoría de los países, especialmente los hispanoamericanos, optaron por una representación de menor rango, una señal diplomática que rebaja la urgencia y la gravedad del encuentro. Esta notoria ausencia de liderazgo al más alto nivel pone en tela de juicio la voluntad política real para ir más allá de las declaraciones.

La resolución, a pesar de su firmeza retórica, carece de mecanismos de presión efectivos. No contempla sanciones concretas y se limita a crear un "grupo ministerial de seguimiento" que deberá presentar recomendaciones en 90 días. Para muchos observadores, esta es una fórmula ya conocida en la diplomacia interamericana, que a menudo sirve más para dilatar la acción que para ejecutarla. La historia reciente de la propia OEA con la crisis de Venezuela, que también motivó una reunión de cancilleres en 2019, es un precedente poco alentador.

El papel de Estados Unidos como principal promotor de la iniciativa añade una capa de complejidad. Washington, que denunció el veto de Managua a su nueva embajadora, tiene un largo historial de intervencionismo en Nicaragua y en todo el continente, a menudo amparado en la retórica de la democracia. Esta herencia, vinculada a la doctrina del "Destino Manifiesto", genera una desconfianza estructural en muchos sectores y gobiernos hispanoamericanos, que recelan de seguir un liderazgo estadounidense cuyas motivaciones no siempre han coincidido con los intereses soberanos de la región.

Las divergencias son explícitas. Mientras la República Dominicana ha dado un paso firme al anunciar el cierre de su embajada en Managua, otras potencias regionales como Brasil mostraron su incomodidad, oponiéndose a cualquier mención que califique a Nicaragua como "amenaza a la paz y la seguridad regionales". Esta fragmentación impide un frente común y ofrece al régimen de Ortega un espacio para resistir la presión internacional.

En el fondo, la tragedia nicaragüense interpela a la raíz misma de la comunidad hispánica. La decisión de despojar de su nacionalidad a cientos de ciudadanos es un ataque a la dignidad fundamental de la persona, negándole no solo sus derechos, sino su propia identidad y su pertenencia a una comunidad. Esta práctica crea apátridas, individuos desarraigados y arrojados a un limbo jurídico y existencial. Es la antítesis de una visión del mundo, de raigambre hispánica y católica, que concibe a la persona como parte de un cuerpo social y no como un átomo indefenso ante el poder absoluto del Estado. La crisis de Nicaragua no es solo un problema político; es un desafío moral para toda Hispanoamérica.