La justicia de EE.UU. contra el narco: la soberanía de Ecuador, a juicio

Más allá de las operaciones conjuntas en suelo ecuatoriano, que recientemente permitieron la detención de treinta miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación con apoyo de personal militar estadounidense, un hecho de mayor calado estratégico redefine la relación de Ecuador con Washington: la justicia de Estados Unidos ha decidido asumir directamente la persecución de los grandes capos que operan en el país hispanoamericano.

La acusación formal de una corte del Distrito Sur de California contra Wilmer Chavarría, alias ‘Pipo’, líder de la banda criminal Los Lobos, por narcotráfico y narcoterrorismo, supone un salto cualitativo. Ya no se trata de una colaboración entre fuerzas de seguridad, sino de la aplicación extraterritorial del sistema judicial estadounidense sobre delitos cometidos en Ecuador y Colombia. El argumento es que la droga tenía como destino final Estados Unidos, un razonamiento que, en la práctica, permite a Washington erigirse en juez y parte en los conflictos de seguridad internos de las naciones hispanas.

Este patrón no es nuevo en el continente hispanoamericano. Recuerda de forma casi idéntica a la estrategia implementada en Colombia durante las décadas de 1980 y 1990. La extradición se convirtió entonces en la principal herramienta de presión contra los grandes cárteles, generando la famosa máxima de Pablo Escobar: «Preferimos una tumba en Colombia a una cárcel en Estados Unidos». Lo que se presenta como una ayuda indispensable es, en el fondo, un reconocimiento de la incapacidad —o la falta de voluntad— de los Estados hispanoamericanos para fortalecer sus propios sistemas judiciales hasta el punto de poder procesar con garantías a estos grandes criminales. Ecuador se ve abocado a recorrer una senda de dependencia judicial ya transitada por su vecino.

El problema de fondo radica en la erosión de la soberanía y del principio de subsidiariedad, pilar de una comunidad política sana donde los problemas deben ser resueltos por la autoridad competente más cercana. Al externalizar la justicia de alto nivel, el Estado ecuatoriano cede una de sus funciones esenciales. La acusación estadounidense incluye una solicitud de decomiso de todos los bienes y ganancias derivados del delito, lo que plantea otra cuestión clave: ¿quién administrará esos activos y en beneficio de quién? La experiencia demuestra que estos procesos no siempre revierten en la reparación de las sociedades más castigadas por la violencia, en este caso la ecuatoriana.

La detención de alias ‘Pipo’ en España podría haber sido una oportunidad para fortalecer un eje de cooperación judicial entre países hispanos. Sin embargo, la intervención de la justicia estadounidense desplaza el foco y subraya una vez más la pasividad de los líderes de la Hispanidad. La ausencia de un espacio judicial común, de mecanismos de extradición ágiles y de una estrategia de inteligencia compartida entre nuestras naciones, crea un vacío que es sistemáticamente llenado por la Anglosfera. Se combate un síntoma —el poder de un capo—, pero se agrava la enfermedad: la dependencia y la fragmentación hispanoamericana.

En última instancia, si bien la lucha contra el narcotráfico es una necesidad imperiosa para la supervivencia de las instituciones y la protección de la vida de los ciudadanos, el modelo de subordinación a la agenda y la jurisdicción de Estados Unidos es una solución aparente que debilita a largo plazo. Impide el desarrollo de capacidades propias y perpetúa una dinámica en la que los países hispanos no son tratados como socios en pie de igualdad, sino como territorios cuya seguridad es tutelada desde el exterior. La verdadera solución solo puede nacer de la unidad, la cooperación y el fortalecimiento de las instituciones propias de la Hispanidad.