La guerra con drones en Colombia amenaza vías estratégicas y expone a civiles

El uso de drones artillados con cargas explosivas por parte de estructuras armadas ilegales en Colombia ha escalado a una fase crítica que no solo pone en jaque la seguridad operativa de las Fuerzas Militares, sino que lesiona gravemente la vida cotidiana de las comunidades y la conectividad vial del suroccidente y el nororiente del país. Durante la jornada del domingo 8 de noviembre, sendos ataques en el departamento del Cauca y en el municipio de Tibú, en Norte de Santander, evidenciaron la vulnerabilidad de la infraestructura estratégica y el drama humanitario de poblaciones civiles atrapadas en el fuego cruzado.

En el norte del Cauca, la detonación de artefactos lanzados desde drones contra el peaje de Villa Rica —tras un atentado similar perpetrado la víspera en la estación de Mondomo, en Santander de Quilichao— obligó a las autoridades a disponer cierres preventivos en el tránsito entre Popayán y Cali sobre la vía Panamericana. De acuerdo con informes militares de la Brigada 29, la acción criminal, atribuida a la estructura Jaime Martínez adscrita a las disidencias que comanda alias Iván Mordisco, causó heridas leves a un civil y daños en las casetas de control. El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, ordenó de inmediato el despliegue de tropas adicionales en el área bajo la consigna de que el Estado no cederá terreno ante el accionar narcoterrorista.

Casi en paralelo, a cientos de kilómetros en la región fronteriza del Catatumbo, el corregimiento de Versalles, en Tibú, vivió escenas de angustia cuando artefactos arrojados desde vehículos aéreos no tripulados cayeron en zonas residenciales. Los pobladores, cercados por la disputa armada que sostienen el Frente 33 de las disidencias y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), tuvieron que refugiarse en la cancha comunitaria portando banderas blancas para implorar por sus vidas. Este hecho refleja el absoluto desprecio de los grupos violentos por el principio de distinción y la dignidad intrínseca de los civiles más vulnerables, cuyas familias ven quebrantada su paz y arraigo local.

La afectación de la vía Panamericana y de las rutas de frontera trasciende las fronteras colombianas. La interrupción de arterias terrestres fundamentales frena el intercambio de mercancías y personas, golpeando la subsistencia de pequeños productores y transportistas. Los Estados hispanoamericanos arrastran una histórica desconexión física y logística, y la parálisis de los pocos corredores internacionales existentes debilita aún más la integración regional y el bien común de los pueblos vecinos.

La crisis del narcoterrorismo en Colombia debe entenderse también dentro de un tablero global desequilibrado. La violencia endémica que alimenta estas estructuras irregulares está impulsada por el voraz mercado de consumo de estupefacientes en la anglosfera, principalmente en los Estados Unidos, acompañado por los circuitos de lavado de capitales que con frecuencia operan a través de la City financiera londinense y paraísos fiscales offshore bajo tutela anglosajona. Mientras los centros de demanda y blanqueo permanecen inmunes en el norte, la devastación material y la sangre se derraman en suelo hispanoamericano.

Ante este panorama de asimetría bélica y mutación tecnológica del delito, se echa en falta una estrategia mancomunada y solidaria entre las cancillerías y mandos de los países hispanos. La falta de articulación y la pasividad de los gobiernos de la región para coordinar políticas fronterizas, inteligencia común y control de precursores químicos dejan a cada nación aislada ante redes criminales transnacionales. La protección de los pueblos hermanos exige superar la retórica y edificar una cooperación efectiva que garantice la soberanía y la paz en todo el espacio hispánico.