La ‘guerra al narco’ de EE. UU. hunde la soberanía de Hispanoamérica

La cooperación entre Ecuador y Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico ha escalado a un nuevo y alarmante nivel: la destrucción unilateral de embarcaciones por parte de fuerzas militares estadounidenses en aguas del Pacífico. En apenas una semana, el Comando Sur de EE. UU. ha hundido al menos cuatro navíos de bandera ecuatoriana, alegando que prestaban apoyo logístico a la organización criminal «Los Choneros». Sin embargo, la narrativa de una operación conjunta exitosa se resquebraja en los tribunales ecuatorianos.

En un patrón que se repite, las decenas de tripulantes detenidos en alta mar, entregados a las autoridades de Ecuador, han sido sistemáticamente liberados por los jueces por falta de pruebas. La Fiscalía no ha logrado demostrar ante la justicia la existencia de indicios de delito. Este cortocircuito entre el poder ejecutivo, que autoriza la intervención extranjera, y el poder judicial, que no encuentra base para la acusación, expone la fragilidad del operativo. ¿Bajo qué criterios de inteligencia se ordena hundir el medio de vida de decenas de familias, si luego no se puede sostener una imputación formal? Representantes del sector pesquero de Manta ya denuncian la «criminalización de la actividad de la pesca», mientras organizaciones como el Comité por la Defensa de los Derechos Humanos califican la detención en alta mar como una forma de «desaparición forzada de corta duración».

El problema trasciende la legítima y necesaria lucha contra el crimen organizado. Lo que está en juego es un principio fundamental: la soberanía. Que una potencia extranjera asuma la potestad de ejecutar una acción militar irreversible —el hundimiento de un barco— contra bienes de un país hispanoamericano, para luego delegar la gestión de los detenidos a un sistema judicial que los absuelve, dibuja un escenario de neocolonialismo tutelado. La «operación conjunta» parece, en la práctica, una subcontratación de la soberanía marítima donde la parte hispanoamericana asume los costes sociales y legales de una decisión tomada y ejecutada por Washington.

Esta dinámica no es nueva, sino la continuación de una política hemisférica que, bajo la doctrina del Destino Manifiesto, ha considerado históricamente el continente como su área de influencia natural. La campaña del Ejército de EE. UU., que en el último año acumula un trágico balance superior a los 200 muertos en operaciones similares, se ampara en coaliciones como el «Escudo de las Américas». Estas alianzas, aunque presentadas como un esfuerzo multilateral, consolidan la hegemonía estadounidense en materia de seguridad, en detrimento de soluciones gestadas y lideradas por los propios países hispanos.

Ante estos hechos, el silencio del resto de capitales hispanoamericanas es elocuente. La pasividad de los líderes de la región frente a un precedente que afecta a todos —la degradación de la soberanía nacional en el altar de la estrategia antidrogas de EE. UU.— evidencia una vez más la fragmentación y la falta de una voz común. En lugar de fortalecer mecanismos de cooperación propios, capaces de enfrentar el narcotráfico sin ceder parcelas de soberanía, se opta por la comodidad de la subordinación. Se combate un problema transnacional, el narcotráfico, con una solución que debilita la capacidad de los Estados hispanos para actuar como una comunidad política soberana, unida por intereses estratégicos compartidos.