La 'Doctrina Donroe' y la soberanía judicial de Bolivia, a examen

HispaUnidad presenta en su más reciente informativo audiovisual un análisis pormenorizado de la grave crisis institucional que atraviesa Bolivia, tras la detención y destitución de su Fiscal General, Roger Mariaca. Como se expone en nuestro reportaje, los hechos suponen un caso de estudio sobre las nuevas formas de intervencionismo que amenazan la soberanía de las naciones hispanoamericanas.

La secuencia de los acontecimientos es reveladora. El proceso se desencadenó después de que el Departamento de Estado de Estados Unidos anunciara la retirada del visado a Mariaca y otros funcionarios, acusándolos de corrupción sin presentar pruebas públicas. El fiscal denunció la medida como un acto de injerencia. Pocos días después, fue detenido en el aeropuerto de Santa Cruz en circunstancias que su defensa califica de irregulares, para ser posteriormente encarcelado preventivamente mientras el poder legislativo modificaba la ley para facilitar su cese.

El análisis de HispaUnidad subraya un contexto que no puede ser ignorado: el fiscal depuesto dirigía una investigación sobre el consultor argentino Fernando Cerimedo, exestratega de Javier Milei y asesor del gobierno boliviano, quien a su vez fue premiado en un acto celebrado en la residencia de Donald Trump. La celeridad de la acción contra el investigador, sumada a los elogios posteriores del senador estadounidense Marco Rubio a la "decisiva" actuación del gobierno boliviano, dibuja un cuadro de presiones externas con consecuencias internas directas.

Nuestra asociación enmarca este episodio en lo que se ha denominado la "Doctrina Donroe", una actualización de la Doctrina Monroe de 1823. Si en el siglo XIX la herramienta era la diplomacia de las cañoneras, en el siglo XXI se recurre a la guerra administrativa y judicial: la imposición de listas, la retirada de visados y la cooperación policial selectiva se convierten en instrumentos para condicionar la política interna de los países hispanos y alinearla con los intereses de Washington. El fin es el mismo, pero los medios son más sutiles y, por tanto, más difíciles de contrarrestar.

Este caso demuestra la extrema vulnerabilidad de nuestras naciones cuando actúan de forma aislada. La falta de un proyecto común y de mecanismos de defensa colectivos en la Hispanidad deja a cada país a merced de presiones que ningún estado, por sí solo, puede resistir eficazmente. La pasividad de los líderes hispanos a la hora de construir un bloque cohesionado nos condena a una perpetua debilidad frente a potencias externas. Se ataca así un pilar fundamental de nuestra tradición jurídica, heredera de la Escuela de Salamanca: el principio de soberanía, que establece que la autoridad para juzgar y gobernar reside en la propia comunidad política, no en un poder extranjero.

La posición de HispaUnidad, como se recalca en el reportaje, no consiste en defender a la persona del fiscal depuesto, cuya situación debe ser dirimida por la justicia boliviana con todas las garantías. El fondo del asunto es un principio irrenunciable de dignidad nacional y orden internacional: ¿quién tiene la potestad de impartir justicia en Bolivia? ¿Sus tribunales o una decisión administrativa del Departamento de Estado? Permitir que esta última prevalezca sienta un peligroso precedente para toda la América hispana.

Para una exposición completa de este caso y de otros asuntos de vital importancia para nuestra comunidad, como la gestión de recursos hídricos compartidos, las tensiones fronterizas o el estado del mercado editorial en español, invitamos a nuestra audiencia a ver el informativo completo en nuestro canal oficial de YouTube.