La doble ofensiva de EE. UU. que expone la fragmentación hispanoamericana

Mientras el Gobierno boliviano formalizaba su solicitud de explicaciones a Estados Unidos por la revocación de visados a altos funcionarios, una acción paralela y de mayor envergadura se desarrollaba en México. La casi simultaneidad de ambos episodios trasciende la anécdota y dibuja el contorno de una estrategia estadounidense coherente y de amplio espectro, que utiliza las sanciones administrativas como herramienta de presión extraterritorial en la América hispana.

El caso boliviano, que motivó la convocatoria de la Asamblea Legislativa para analizar sus implicaciones internas, se ve ahora en un contexto más amplio. Al mismo tiempo que La Paz exigía información, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionaba a casi cincuenta personas y entidades en México, acusándolas de vínculos con el Cartel de Sinaloa. La lista incluye no solo a capos y operadores financieros, sino también a políticos y exfuncionarios de alto nivel, como el exesposo de la actual gobernadora de Baja California. El alcance de la medida, que congela activos bajo jurisdicción estadounidense y prohíbe transacciones, es drásticamente superior a la mera cancelación de un visado.

Lo que une a ambos casos no es el fondo de las acusaciones —cuya veracidad corresponde dirimir a los sistemas judiciales de cada país—, sino el método. Washington actúa como fiscal, juez y ejecutor, aplicando sanciones de forma unilateral y al margen de los ordenamientos jurídicos soberanos de Bolivia y México. La revocación de un visado o la inclusión en la 'lista OFAC' son decisiones del poder ejecutivo estadounidense que, sin embargo, operan en la práctica como sentencias firmes con graves consecuencias reputacionales, políticas y económicas para los afectados, quienes carecen de las garantías de un debido proceso en su propia nación.

Esta doble acción expone con crudeza una debilidad estructural de la Hispanidad: la ausencia de un frente diplomático común. Ante una estrategia coordinada de Washington, la respuesta hispanoamericana es fragmentada y particularista. Bolivia reacciona en solitario. En México, la gobernadora de Baja California se desvincula del asunto y lo enmarca en una esfera personal o judicial. No hay constancia de consultas entre las cancillerías de los países afectados ni de una declaración conjunta que aborde el principio de la cuestión: el derecho de una potencia extranjera a sancionar a ciudadanos de otras naciones soberanas sin un proceso judicial bilateral o amparado en el derecho internacional.

Este patrón de conducta no es novedoso, sino la versión contemporánea de una larga historia de intervencionismo. Si en el pasado la herramienta fue la diplomacia de las cañoneras, hoy lo son los instrumentos financieros y administrativos. Bajo el legítimo pretexto de la lucha contra el narcotráfico o la corrupción, se habilita una vía de injerencia que debilita las instituciones locales y subordina la soberanía nacional a los criterios e intereses de Washington. La crítica a la inacción de los líderes hispanos es aquí pertinente: la falta de una doctrina compartida para la defensa de la soberanía convierte a cada país en un objetivo aislado y vulnerable.

El desafío para la comunidad hispánica de naciones no consiste en defender a individuos concretos, sino en proteger la integridad de sus propios sistemas de justicia y el principio de no intervención. Mientras no exista una capacidad de respuesta colectiva, que eleve el coste diplomático de estas acciones unilaterales, la América hispana seguirá siendo un tablero donde otras potencias mueven sus piezas con una libertad que no se permitirían en otras regiones del mundo con mayor cohesión estratégica.