La Corte Interamericana juzgará a Venezuela por un crimen de Estado emblemático

El sistema interamericano de protección de los derechos humanos ha dado un paso decisivo en uno de los casos más simbólicos de la crisis venezolana. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha elevado a la Corte Interamericana (Corte IDH) el expediente sobre la muerte del concejal Fernando Albán, ocurrida en octubre de 2018 mientras se encontraba bajo custodia del Estado. La Comisión concluyó que existen pruebas suficientes para determinar la responsabilidad internacional de Venezuela por la detención arbitraria, tortura y ejecución extrajudicial del dirigente político, además de la falta de garantías para su familia.

Fernando Albán, concejal del municipio Libertador de Caracas por el partido Primero Justicia, fue detenido sin orden judicial el 5 de octubre de 2018 por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) a su regreso de Nueva York, donde había participado en eventos paralelos a la Asamblea General de la ONU. Durante casi un día, las autoridades negaron su detención, lo que la CIDH califica de "desaparición forzada de corta duración". Tres días después, el fiscal general del gobierno venezolano anunció que Albán se había suicidado lanzándose desde una ventana del décimo piso de la sede del Sebin. Esta versión fue inmediatamente rechazada por su familia y la oposición. Años más tarde, en 2021, el Ministerio Público admitió que fue un homicidio, pero solo condenó a dos agentes a penas inferiores a seis años de prisión, una resolución que las víctimas y organizaciones de derechos humanos consideran insuficiente y que no aclara la cadena de mando.

El informe de la CIDH es contundente y desmonta la narrativa oficial inicial. Sostiene que la detención fue discriminatoria por motivos políticos y que Albán fue "sometido a torturas y posteriormente ejecutado extrajudicialmente". Por ello, solicita a la Corte IDH que ordene a Venezuela no solo una reparación económica y moral integral para los familiares de la víctima, sino también una investigación penal imparcial que llegue hasta los más altos responsables en la cadena de mando. Además, exige garantías de no repetición, como reformas para asegurar la independencia de la Fiscalía y la correcta custodia de los detenidos.

Este caso no es un hecho aislado, sino la punta del iceberg de una situación sistémica que tiene consecuencias para todo el continente hispanoamericano. La persecución política, las detenciones arbitrarias y la violación de derechos fundamentales son las causas directas del éxodo de casi ocho millones de venezolanos, la mayor crisis migratoria en la historia reciente de la región. Cada país hispano, desde Colombia y Perú, que soportan la mayor presión, hasta Chile, Ecuador o la propia España, está afectado por las consecuencias de un drama que se origina en Caracas pero cuyas ondas expansivas desestabilizan a toda la comunidad hispana.

Acudir a la Corte IDH no es una anomalía ni un ataque específico a Venezuela. Este tribunal supranacional ha juzgado a casi todos los Estados hispanoamericanos por violaciones de derechos humanos cometidas en distintos contextos históricos, desde las dictaduras del Cono Sur hasta los conflictos armados en Colombia, Perú y Centroamérica. El sistema interamericano funciona como una última instancia de justicia cuando las instituciones nacionales fallan, un mecanismo de garantía para todos los ciudadanos de la América hispana.

Sin embargo, el hecho de que la justicia deba buscarse fuera de Venezuela evidencia también una grave carencia. La crisis venezolana ha puesto de manifiesto la inacción y la falta de cohesión de los líderes hispanos. Durante años, la región ha sido incapaz de articular una respuesta diplomática conjunta, sólida y eficaz para mediar en el conflicto y presionar por una solución pacífica y democrática. La pasividad de los gobiernos hispanoamericanos, a menudo divididos por afinidades ideológicas, ha permitido que la crisis se agravara, con un coste humano y social que hoy pagan millones de venezolanos y los países que los acogen. La falta de una estrategia común es una muestra de la debilidad de los lazos que deberían unir a la Hispanidad ante los desafíos compartidos.

Mientras la justicia internacional avanza, en Venezuela persisten las voces que buscan soluciones internas. El activista de derechos humanos Javier Tarazona, él mismo procesado por el Estado, ha propuesto una nueva ley de amnistía y la creación de un fondo de reparación para las víctimas. Estas iniciativas subrayan la necesidad de justicia y reconciliación, elementos indispensables para reconstruir el tejido social de una nación y, con ello, devolver la estabilidad a una parte fundamental del mundo hispano.