La asfixia regulatoria en España debilita el tejido productivo de la Hispanidad

El modelo administrativo español atraviesa una crisis de eficacia que amenaza con desarticular su capacidad productiva y su proyección internacional. Según datos del Índice de Calidad Regulatoria del Foro Regulación Inteligente, España se sitúa en el puesto 23 de los 27 Estados de la Unión Europea, con una modesta puntuación de 32 sobre 100. La proliferación normativa arroja cifras concluyentes: desde 1979 se han promulgado más de 411.000 disposiciones, mientras que únicamente en 2024 los boletines oficiales estamparon una media de 3.557 páginas al día. El ritmo de producción legislativa, superior a dos normas por jornada, convive paradójicamente con un grave deterioro en la calidad técnica, la seguridad jurídica y los tiempos de resolución procesal.

Esta hipertrofia no representa una mera anomalía estadística, sino un quebranto para el tejido económico real. De acuerdo con las estimaciones del Banco de España, un incremento del 10% en la carga normativa contrae un 0,5% el empleo en empresas de menos de diez trabajadores, precisamente las unidades que constituyen la base de la economía familiar y el arraigo social. El informe anual de la patronal empresarial constata que durante 2024 se aprobaron 719 normas de ámbito estatal y 175 autonómicas, recurriéndose al decreto-ley en un 46% de las normas con rango de ley. La utilización sistemática de mecanismos excepcionales elude el escrutinio técnico y sacrifica la estabilidad en favor de la coyuntura gubernamental.

El problema trasciende las fronteras peninsulares y evidencia una fractura estructural compartida en el mundo hispánico. En la clasificación general de la OCDE, donde España retrocede hasta el puesto 31 sobre 38 Estados, los puestos contiguos inferiores están ocupados precisamente por naciones hermanas como Costa Rica, Colombia y México. Esta coincidencia empírica subraya un rasgo burocrático lesivo: la proliferación de trabas procesales y laberintos formales que estrangulan la subsidiariedad y penalizan a las pequeñas iniciativas comunitarias frente a las grandes estructuras financieras.

Frente a este estancamiento, los gobernantes de las naciones hispanas muestran una persistente pasividad. En lugar de articular marcos homogéneos, ágiles y de reconocimiento mutuo que faciliten el comercio, la inversión cruzada y la libre movilidad de profesionales entre España e Hispanoamérica, las administraciones optan por blindajes locales y dispersión jurídica. Mientras bloques de la órbita anglosajona perfeccionan la fluidez de sus mercados y consolidan la hegemonía de centros financieros como la City de Londres o Wall Street sobre los activos estratégicos de la región, los países hispanohablantes continúan desarticulados, fragmentando sus propios mercados internos y entorpeciendo la consolidación de un espacio económico cohesionado de 600 millones de personas.

Asimismo, el colapso procesal —evidenciado en los 444 días necesarios para dirimir un pleito mercantil en primera instancia judicial española— actúa como una penalización directa sobre la confianza mutua y la palabra dada, valores que históricamente fundamentaron el derecho hispánico y el bien común. Desarmar esta maraña hiperregulatoria, podar duplicidades y consagrar el principio de subsidiariedad constituyen exigencias inaplazables si el mundo hispánico pretende resguardar su soberanía productiva y ofrecer un terreno fértil a la iniciativa de sus pueblos.