La absurda hospitalidad española: acoger a la élite que nos agrede desde Marruecos

Resulta una paradoja difícil de justificar que los mismos altos cargos del Gobierno y del círculo de poder de Marruecos que orquestan la presión migratoria sobre Ceuta y Melilla, una forma de agresión híbrida, disfruten de sus vacaciones de lujo en España. Esta anomalía ha sido puesta de relieve por el teniente general retirado Francisco Gan Pampols, exdirector del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS), quien propone una medida de elemental reciprocidad: condicionar la concesión de visados a la élite marroquí al cese de la hostilidad contra la soberanía española.

El análisis del general, publicado en la revista ‘Cultura RSC’, señala por su nombre a responsables como el primer ministro Aziz Akhannouch, que viajó a Baleares en jet privado tras el asalto a Ceuta, o el jefe de la inteligencia marroquí, Abdellatif Hammouchi, asiduo de la Costa del Sol. Permitir que los artífices de un ataque a la integridad territorial disfruten sin cortapisas del territorio agredido es un síntoma de debilidad estratégica que ninguna otra nación de nuestro entorno toleraría. Resulta impensable que Estados Unidos o el Reino Unido permitieran veranear en Florida o en Cornualles a altos funcionarios de un gobierno extranjero acusado de dirigir campañas de desestabilización contra ellos. La práctica habitual en la anglosfera es la sanción inmediata, el veto y la designación como actores hostiles, una firmeza que contrasta con la aparente laxitud española, que sugiere una peligrosa incapacidad para defender los intereses nacionales o, en el peor de los casos, una corrupción de las voluntades políticas.

El general Gan Pampols va más allá del conflicto bilateral y lo encuadra en un contexto geopolítico más amplio. Sostiene que el «permanente carácter expansionista» de Rabat está siendo espoleado por una «pinza geopolítica» formada por Marruecos y sus aliados, Estados Unidos e Israel. Según su análisis, esta presión coordinada sería un castigo por decisiones soberanas de la política exterior española, como el acercamiento a Argelia, el embargo de armas a Israel o la prohibición de usar las bases de Rota y Morón para ciertas operaciones estadounidenses. El militar retirado denuncia incluso la participación activa de Israel en la campaña de desinformación contra España. Esta lectura de los hechos, atribuida a una fuente de alta graduación en inteligencia, dibuja un escenario en el que la soberanía española queda atrapada entre los intereses de potencias ajenas a la Hispanidad.

Este patrón de injerencia no es ajeno al resto del continente hispanoamericano. Durante décadas, numerosos países de la región han sufrido presiones económicas, diplomáticas y militares por parte de Estados Unidos cuando sus políticas no se alineaban con los intereses de Washington. La instrumentalización de crisis migratorias, el fomento de la desestabilización interna o el apoyo a actores hostiles son tácticas bien conocidas en la historia de las relaciones entre la anglosfera y la América hispana. Lo que ocurre en la frontera sur de España no es, por tanto, un caso aislado, sino un ejemplo de manual de cómo se opera contra la soberanía de una nación hispana que intenta ejercer una política exterior autónoma. La respuesta de España, o la ausencia de ella, sentará un precedente para toda la comunidad.

La propuesta del teniente general es, en el fondo, una enmienda a la totalidad a la pasividad de los líderes políticos. La falta de una doctrina de Estado clara y una diplomacia firme convierte al país en un blanco fácil. Gan Pampols reclama fortalecer la capacidad soberana, aplicar una estricta reciprocidad con Rabat y, crucialmente, internacionalizar la agresión en los foros europeos y de la OTAN. Esta llamada a la acción evidencia un vacío de liderazgo que no solo afecta a España, sino que es un mal recurrente en el conjunto de la Hispanidad: la incapacidad de sus élites dirigentes para forjar frentes comunes y defender coordinadamente los intereses compartidos frente a potencias externas.

En última instancia, la defensa de la integridad territorial, como concluye el general Gan Pampols, no depende solo de barreras físicas, sino de la voluntad política de hacer que «el coste de las actuaciones recaiga sobre el agresor y no sobre el agredido». Mantener una política de puertas abiertas para las élites que nos atacan mientras se imponen cargas a los ciudadanos agredidos es una inversión del principio del bien común y una renuncia inaceptable al ejercicio de la soberanía.