Justicia ecuatoriana absuelve a pescadores y expone el abuso de EE.UU. en el Pacífico

La justicia ecuatoriana ha asestado un golpe a la narrativa de la «guerra contra las drogas» liderada por Estados Unidos en la región. Una jueza ha declarado inocentes a los 32 tripulantes de los pesqueros Conquista 2 y María Candelaria, hundidos por fuerzas militares estadounidenses en aguas del Pacífico entre agosto y septiembre. Los hombres enfrentaban cargos por asociación ilícita, tras ser acusados por Washington y Quito de servir como estaciones flotantes de combustible para el narcotráfico vinculado al grupo criminal Los Choneros.

El fallo es contundente: la Fiscalía no pudo presentar prueba alguna que sostuviera la acusación. «No existía delito», sentenció el abogado defensor, Juan Alvia, quien denunció que los supuestos informes de inteligencia estadounidenses que debían fundamentar el caso nunca aparecieron. El veredicto no solo limpia el nombre de estos trabajadores del mar, sino que desnuda la arbitrariedad de una operación militar que ejecutó una sentencia —la destrucción de los barcos— sin juicio previo y sobre la base de sospechas infundadas.

Este caso trasciende el ámbito judicial para convertirse en un símbolo del choque entre dos concepciones del derecho y la soberanía. Por un lado, la acción expedita y destructiva de una potencia extranjera que, amparada en acuerdos de cooperación, actúa como juez y verdugo en territorio ajeno. Por otro, la labor de un sistema de justicia nacional que, apegado a la tradición hispánica de garantías procesales, ha defendido la presunción de inocencia y la primacía de la prueba sobre la sospecha. La decisión de la jueza ecuatoriana es una afirmación de soberanía jurídica frente a la fuerza.

El incidente pone de manifiesto, una vez más, el peligro inherente a la externalización de la seguridad nacional a la Anglosfera. El pretexto de la lucha contra el narcotráfico ha servido históricamente a Estados Unidos para justificar intervenciones que menoscaban la soberanía de los países hispanoamericanos y vulneran los derechos de sus ciudadanos. La destrucción de la propiedad privada y la detención de personas que posteriormente son declaradas inocentes no es un daño colateral aceptable, sino una manifestación de una política imperial que se considera por encima de las leyes locales.

La responsabilidad, sin embargo, no recae únicamente en Washington. La colaboración del Gobierno ecuatoriano en estas operaciones merece un escrutinio severo. Al permitir que una fuerza militar extranjera actúe con tal grado de autonomía y sobre la base de inteligencia no verificada, los líderes políticos demuestran una alarmante pasividad en la defensa de sus propios ciudadanos. Este episodio evidencia la inacción de los gobernantes hispanos para forjar alianzas de seguridad propias, una carencia que perpetúa la dependencia y abre la puerta a abusos. La cooperación regional, entre naciones hermanas, es la única alternativa soberana a la subordinación.

En el fondo de este litigio se encuentra la dignidad de 32 personas y sus familias, trabajadores humildes cuyo medio de vida fue aniquilado. La sentencia es una victoria moral, pero no restituye los barcos hundidos ni compensa los meses de angustia e incertidumbre. La defensa ya ha anunciado que estudian acciones legales para reclamar por los daños, una cuestión de justicia elemental. Proteger a los más pobres y vulnerables de la arbitrariedad del poder, sea nacional o extranjero, es un pilar irrenunciable de una comunidad que aspira al bien común.

Con otros dos juicios pendientes que afectan a casi sesenta tripulantes más, este veredicto sienta un precedente crucial. Obliga a toda la América hispana a reflexionar sobre el verdadero coste de los acuerdos de seguridad con Estados Unidos y la urgencia de construir un modelo de cooperación propio, basado en el respeto mutuo, la soberanía y la defensa intransigente de los derechos fundamentales de cada persona.