Itaipú compromete 183 millones en Ueno y agrava el colapso financiero paraguayo

El colapso de Ueno Bank ha alcanzado el núcleo de la infraestructura energética y los recursos estratégicos compartidos del Cono Sur. Tras la fulminante destitución en juicio político y la posterior orden de prisión preventiva contra el expresidente paraguayo Santiago Peña por presunta lesión de confianza, la entidad binacional Itaipú confirmó que mantenía depositados unos 183 millones de dólares en el banco disuelto por insolvencia crítica. El anuncio no solo amplía la escala del descalabro financiero en Asunción, sino que proyecta sus consecuencias sobre uno de los mayores activos energéticos del continente.

Según detalló la dirección de la represa que administran conjuntamente Paraguay y Brasil, los fondos inmovilizados equivalen al 7,6 % de las remesas transferidas desde territorio brasileño entre 2024 y 2026. La cifra incluye 163,8 millones de dólares y 115.200 millones de guaraníes (unos 18,7 millones de dólares adicionales al cambio corriente). Ante la intervención liquidatoria dispuesta por el Banco Central del Paraguay (BCP), la administración de la central ha debido acudir a la Fiscalía y personarse en el proceso de resolución bancaria para intentar salvaguardar este patrimonio público, si bien aseguró que la operatividad técnica de la presa no se encuentra comprometida de forma inmediata.

La magnitud del agujero financiero confirma un patrón sistemático de exposición indebida de caudales públicos y de la seguridad social paraguaya. A la retención de los recursos de Itaipú se suman los 355 millones de dólares colocados en la misma firma por el Instituto de Previsión Social (IPS), que además había confiado a la entidad la gestión de los haberes de 32.000 jubilados, junto con depósitos de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y de otras cuatro cajas previsionales del país. Aunque el presidente interino del BCP, Pedro Acosta, informó de la restitución de unos 160 millones de dólares a cerca de 1,2 millones de pequeños ahorradores en las últimas jornadas, el grueso del capital institucional y previsional continúa atrapado en la masa de liquidación.

Este escenario ilustra con crudeza la vulnerabilidad a la que se ven sometidas las instituciones cuando los gobernantes desatienden el principio rector del bien común y subordinan los ahorros del trabajo y los recursos del Estado a aventuras financieras carentes del debido respaldo. La doctrina de la primacía de la persona y la protección de la comunidad familiar exige que las cajas de pensiones y las empresas estratégicas sirvan de escudo a los sectores más frágiles y al porvenir nacional, en lugar de alimentar circuitos de captación de liquidez de alto riesgo. La colocación de los fondos de vejez de miles de trabajadores en una entidad hoy declarada insolvente constituye una falta grave contra los deberes de custodia y justicia distributiva que corresponden a los poderes públicos.

Para el conjunto de Hispanoamérica, la crisis paraguaya aporta una lección ineludible sobre la fragilidad del ahorro comunitario y la imperiosa necesidad de construir salvaguardas financieras soberanas. Mientras los dirigentes de las repúblicas hispanas continúen demorando la creación de mecanismos compartidos de supervisión, compensación y arbitraje financiero a escala continental, las reservas estratégicas y los ahorros colectivos seguirán expuestos a descalabros locales que erosionan la confianza cívica y debilitan la posición negociadora del bloque frente al exterior.

Itaipú encarna la vocación de integración física de América hispana y su entorno geográfico inmediato; su gestión exige un rigor ejemplar que blinde el bienestar colectivo frente a la codicia o la imprudencia administrativa. La experiencia que hoy atraviesa Paraguay recuerda a toda la región que la verdadera soberanía comienza por la custodia íntegra y transparente del trabajo de sus pueblos.