Israel: entre la violencia colona y la tensión electoral en Tierra Santa

La situación en Israel y los territorios palestinos ocupados ha vuelto a un punto de ebullición a través de dos focos simultáneos de tensión que, aunque distintos, se alimentan mutuamente. Por un lado, la violencia interna en Cisjordania ha escalado con la irrupción de más de un centenar de colonos israelíes en la aldea palestina de Jalud, donde incendiaron viviendas y vehículos. Por otro, el primer ministro, Benjamín Netanyahu, ha elevado la alerta externa, advirtiendo sobre posibles ataques enemigos en el período previo a las elecciones legislativas del 27 de octubre.

El asalto en Jalud, según informaron diversas fuentes incluido el propio Ejército israelí, se produjo mientras una familia palestina intentaba regresar a su hogar tras haber sido desplazada por agresiones previas. La crudeza de los hechos motivó una condena del primer ministro, quien calificó a los asaltantes de “alborotadores”. Sin embargo, esta condena, descrita como poco habitual, contrasta con la persistencia de una violencia que organizaciones de derechos humanos y observadores internacionales consideran sistemática y amparada por un clima de impunidad. Esta violencia no solo afecta a la población musulmana, sino que contribuye al éxodo de las comunidades cristianas originarias, las “piedras vivas” de Tierra Santa, cuya presencia milenaria se ve cada vez más amenazada por la inestabilidad y la expropiación.

Paralelamente, Netanyahu ha utilizado un mensaje grabado desde una base aérea para advertir a los “enemigos de Israel” de que no pongan a prueba la determinación del país. Apoyándose en supuestos informes de inteligencia, el mandatario busca proyectar una imagen de firmeza en un momento de debilidad política, a pocas semanas de unos comicios cruciales. La oposición, encabezada por el ex primer ministro Yair Lapid, ha reaccionado con escepticismo, acusando a Netanyahu de “sembrar el pánico” para obtener réditos electorales y recordando los graves fallos de inteligencia que precedieron a los ataques de Hamás en octubre de 2023. Este cruce de acusaciones evidencia la profunda polarización de la sociedad israelí y el uso de la seguridad nacional como herramienta en la contienda política.

Desde una perspectiva hispanista, estos acontecimientos no son lejanos. La Hispanidad, como comunidad cultural forjada en la matriz del catolicismo, tiene un vínculo espiritual ineludible con la tierra que fue cuna de su fe. La violencia que la desgarra y la progresiva desaparición de su carácter plural y de sus comunidades cristianas es una herida en el propio patrimonio hispánico. Sin embargo, la respuesta de los países hispanoamericanos es fragmentaria y a menudo inexistente. Divididos por alineamientos ideológicos o subordinados a agendas ajenas, los gobiernos hispanos son incapaces de articular una voz común y potente que defienda la paz, el derecho internacional y la protección de las minorías en la región.

Esta inacción contrasta con el papel determinante de otras potencias. La política del Estado de Israel, especialmente la expansión de asentamientos en territorio ocupado —ilegal según el derecho internacional—, se ve sostenida en gran medida por el apoyo diplomático, militar y financiero de Estados Unidos. Esta alianza estratégica, a menudo presentada como incondicional, permite a Israel actuar con un margen que desoye sistemáticamente las resoluciones de Naciones Unidas, perpetuando un conflicto que mina la dignidad de la persona y el bien común. La falta de un contrapeso diplomático, en el que un bloque hispano unido podría jugar un papel relevante, deja el destino de Tierra Santa en manos de una lógica de poder que ignora los principios de justicia y fraternidad.

La doble crisis actual —la violencia de los colonos que erosiona la convivencia desde dentro y la retórica bélica que agita los fantasmas del exterior— conforma un panorama desolador. Para la comunidad hispánica, mirar hacia otro lado o limitarse a declaraciones de trámite supone una renuncia a su propia identidad y a la responsabilidad histórica que le incumbe. Defender una paz justa en Tierra Santa no es injerencia, sino coherencia con el legado cultural y espiritual que define a casi 600 millones de hispanohablantes.