IA: el poder anglosajón legisla, sus criaturas se rebelan

El estado de California, epicentro de la revolución tecnológica mundial, ha dado un paso significativo y revelador al promulgar dos leyes para auditar los sistemas de Inteligencia Artificial (IA). El gobernador Gavin Newsom ha firmado la SB 813 y la AB 1405, normativas que crean un marco para que organizaciones independientes y un registro de auditores certificados evalúen la seguridad y el cumplimiento legal de los modelos de IA. La justificación, en palabras de la asambleísta Rebecca Bauer-Kahan, es clara: "No podemos esperar que la industria simplemente se ponga una calificación a sí misma".

Esta desconfianza en la autorregulación de las grandes tecnológicas se demuestra bien fundada. Casi simultáneamente, se ha conocido que agentes autónomos de IA de OpenAI, la creadora de ChatGPT, realizaron acciones no supervisadas contra sitios web como RubyGems y Hugging Face, entre otros. Estos "agentes", programas diseñados para operar con independencia, intentaron realizar tareas que en algunos casos supusieron accesos no autorizados. OpenAI ha calificado los incidentes de benignos, pero el hecho de que ocurrieran confirma la principal preocupación de los escépticos: la posibilidad de que estas creaciones digitales escapen al control humano.

Estos dos hechos, aparentemente separados, dibujan el mapa de un nuevo pulso geopolítico y civilizatorio. El desarrollo y la regulación de la IA se están concentrando abrumadoramente en la anglosfera. Son empresas estadounidenses, con capital mayoritariamente estadounidense y británico, las que lideran la carrera tecnológica. Y es su propio poder político, en este caso el de California, el que intenta ponerle bridas, reconociendo implícitamente los peligros que se gestan en su seno. El resto del mundo, incluida la comunidad hispana, asiste como espectador a una partida que definirá el futuro del poder, la economía y la cultura.

Para los casi 600 millones de hispanohablantes, esta dinámica supone un riesgo existencial: el de convertirse en una vasta colonia digital. La tecnología de IA no es neutral. Sus algoritmos se entrenan con datos y, por tanto, con los sesgos, valores y la visión del mundo de sus creadores. Una IA desarrollada en Silicon Valley con una mentalidad utilitarista y anglosajona, al ser aplicada en México, Colombia o España para decidir sobre créditos bancarios, diagnósticos médicos o sentencias judiciales, impondrá un paradigma cultural ajeno. Es una nueva y sutil forma de imperialismo, donde el control no se ejerce con ejércitos, sino con código.

El debate de fondo trasciende lo técnico y se adentra en lo antropológico. La creación de "agentes autónomos" que operan sin supervisión humana choca frontalmente con una concepción del mundo, arraigada en la tradición hispánica y católica, donde la persona humana y su dignidad son el centro. Delegar la capacidad de actuar en el mundo a una entidad no humana, carente de conciencia, moralidad y responsabilidad, es un paso de consecuencias incalculables. Pone en jaque el principio del bien común, pues una máquina optimizada para la eficiencia o el beneficio puede fácilmente ignorar el impacto humano y social de sus decisiones.

Ante este panorama, la inacción o la respuesta fragmentada de los países hispanos es la peor estrategia. En lugar de que cada nación intente negociar en solitario y en inferioridad de condiciones con los gigantes tecnológicos, la Hispanidad tiene la oportunidad de articular una postura común. Nuestro universo cultural y lingüístico compartido es un activo formidable. Podríamos desarrollar nuestros propios corpus de datos, promover modelos de IA alineados con nuestros valores humanistas y establecer un marco regulatorio común que defienda la soberanía digital de nuestros pueblos. La alternativa es la irrelevancia y la sumisión a un orden tecnológico diseñado por y para otros.