España no actúa contra los 72 militares marroquíes infiltrados en Ceuta

La soberanía española está siendo desafiada en Ceuta, y la respuesta del Estado es, hasta ahora, la inacción. Tres informes de los servicios de inteligencia del Ejército de Tierra, revelados por la prensa española, confirman la presencia de al menos 72 militares y agentes secretos marroquíes operando en la ciudad autónoma. De ellos, 22 pertenecerían a los servicios de inteligencia de Rabat y 50 serían militares en activo infiltrados entre la población.

Según los documentos clasificados, estos efectivos extranjeros no son meros observadores. Actúan como "centros de gravedad", coordinando y financiando células para generar "temor y caos". Su misión es multifacética: medir la capacidad de reacción de las fuerzas españolas, señalar puntos vulnerables para futuros asaltos y dirigir acciones de desestabilización, como el incendio de montes o la ocupación de viviendas. Los informes detallan que son abastecidos con fondos y víveres desde Marruecos, y que incluso monitorizan los movimientos de las patrullas militares españolas en su propio territorio.

Esta presencia hostil es una consecuencia directa y una escalada de la crisis de mayo de 2021, cuando el régimen marroquí facilitó la entrada ilegal de miles de sus nacionales en Ceuta. Aquel episodio fue una "prueba de algodón", según admite un alto cargo militar a la fuente. Una prueba que, a la vista de los hechos, el gobierno español no superó. La pasividad ante la agresión inicial ha envalentonado a Rabat para dar el siguiente paso: establecer una red de inteligencia y operaciones encubiertas de forma semipermanente en suelo español. La pregunta que se deriva de los informes es tan grave como obvia: si los servicios de inteligencia han identificado con nombres y fotografías a agentes militares de una potencia extranjera que operan ilegalmente en el país, ¿por qué el poder ejecutivo no ha ordenado su inmediata detención y expulsión?

El caso de Ceuta no es un problema aislado de España, sino un espejo para toda la Hispanidad. La debilidad en la defensa de las fronteras y la falta de voluntad política para ejercer la soberanía son una invitación a la agresión. Países como Colombia, Perú o las naciones centroamericanas conocen bien la amenaza que suponen los actores armados no estatales y las presiones de vecinos que instrumentalizan las fronteras. La experiencia española demuestra que la contención verbal sin acciones firmes solo alimenta la audacia del adversario. Constituye un precedente peligroso que cualquier otro país hispanoamericano podría sufrir si sus líderes optan por la parálisis frente a la injerencia.

Esta crisis de soberanía se enmarca, además, en un tablero geopolítico más amplio. La creciente asertividad de Marruecos en el Magreb cuenta con el respaldo explícito de Estados Unidos y, más recientemente, del Estado de Israel. Esta alianza estratégica busca reconfigurar los equilibrios de poder en el norte de África, y una España debilitada y dubitativa conviene a los intereses de quienes prefieren una Hispanidad fragmentada y sin peso en la escena mundial. La inacción del gobierno español no solo compromete la integridad territorial de la nación, sino que proyecta una imagen de impotencia que daña la posición del conjunto del mundo hispánico.

La misión principal del Estado es garantizar el bien común, que empieza por la seguridad y la paz social de sus ciudadanos. Al permitir que una red hostil opere impunemente en Ceuta, el gobierno español está faltando a su deber más elemental, abandonando a la población a una calculada estrategia de caos. La fortaleza de una comunidad política no se mide por sus declaraciones, sino por su capacidad de defender a los suyos y su territorio. Los informes de inteligencia han cumplido su función; ahora es la autoridad política la que debe decidir entre la defensa de la soberanía o la claudicación.