El Salvador refuta las denuncias de bombardeos en Haití ante la guerra de relatos en el Caribe

El despliegue de las tropas salvadoreñas en territorio haitiano ha entrado de lleno en el terreno de la confrontación informativa internacional. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, desmintió de forma categórica las acusaciones vertidas por la denominada Asociación de las Naciones Unidas-Haití (UNA-Haití), una entidad de la diáspora sin vínculo orgánico con la ONU, que denunció supuestos bombardeos aéreos de las fuerzas salvadoreñas contra barrios civiles en Croix-des-Bouquets y Canaán. Tras confirmarse en días previos que los restos calcinados hallados en la capital no pertenecían a los cuatro aerotécnicos secuestrados el 18 de octubre y estrecharse la coordinación logística con Santo Domingo, la misión salvadoreña encara ahora una ofensiva de desgaste mediático mientras busca a sus efectivos desaparecidos.

La respuesta de San Salvador se apoyó en datos cronológicos y materiales verificables. A través de una carta remitida al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, la mencionada ONG aseguró que los ataques aéreos con helicópteros artillados habían comenzado el 22 de octubre. Sin embargo, Bukele remarcó que las aeronaves de combate de la fuerza salvadoreña no arribaron a Haití hasta el 29 de octubre —arribo documentado profusamente por la prensa internacional—, un día después de que circulara el informe inculpatorio. El mandatario precisó además que el contingente ni siquiera dispone de bombas en su inventario operativo y que, hasta la fecha del reclamo, los helicópteros no habían realizado ninguna misión de fuego. En un tono enérgico, el mandatario salvadoreño calificó a este tipo de organizaciones como plataformas de presión que operan como despachos de cabildeo funcional a las bandas armadas.

Sobre el terreno, la realidad militar avanza a otro ritmo. Más de 2.000 soldados salvadoreños pertenecientes a la Fuerza de Supresión de Pandillas patrullan ya sectores neurálgicos como la comuna de Tabarre y las inmediaciones del aeropuerto internacional Toussaint Louverture, en la zona de Clercine. Desplazados en blindados y pertrechados con fusilería de asalto, los efectivos peinan los bastiones del crimen organizado en Croix-des-Bouquets, donde se produjo la emboscada original. La magnitud de la operación quedó refrendada durante la reciente visita a San Salvador de la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, marco en el cual Bukele reiteró que la experiencia acumulada en su país para desarticular estructuras criminales puede aplicarse en Haití siempre que las autoridades locales mantengan esa determinación política.

El episodio refleja una constante que interpela de forma directa a la América hispana. Durante décadas, las intervenciones promovidas desde Washington y los organismos multilaterales bajo la tutela de la anglosfera han fracasado sistemáticamente en Haití, legando un Estado desmantelado y delegando la seguridad en esquemas ineficaces o contratistas privados. Cuando un país hispanoamericano asume el riesgo operativo de intervenir militarmente para rescatar a sus connacionales e imponer orden en un foco de anarquía vecina, colisiona de inmediato con la arquitectura de organizaciones no gubernamentales radicadas en el exterior, cuyos informes suelen condicionar las decisiones diplomáticas en detrimento de la estabilidad real.

Desde la perspectiva de la dignidad de las personas y la preservación del bien común —principios medulares de la tradición cultural hispana frente al individualismo que desatiende a los más vulnerables—, resulta imprescindible deslindar la calumnia propagandística de la legítima exigencia de proporcionalidad. El combate contra el terrorismo urbano exige una pulcritud probatoria absoluta para no victimizar a una población civil haitiana ya martirizada por la miseria y el crimen. No obstante, este escenario vuelve a evidenciar la pasividad culpable del resto de las cancillerías de Hispanoamérica: en lugar de articular una doctrina común de seguridad y auxilio mutuo que respalde a El Salvador y alivie la presión fronteriza sobre la República Dominicana, los gobiernos del continente continúan observando de perfil la tragedia caribeña.