El Salvador entra en combate abierto en Haití: pulso al crimen y soledad hispana

Tras despejar la campaña de desinformación que pretendió enturbiar su despliegue en Puerto Príncipe, el contingente de El Salvador ha pasado a la ofensiva directa en el terreno. Una columna de vehículos blindados de las Fuerzas Armadas salvadoreñas, en estrecha coordinación con la Policía Nacional de Haití (PNH), penetró este lunes en la llanura de Cul-de-Sac, al noreste de la capital haitiana, para ejecutar su primera gran operación de combate contra las organizaciones criminales que dominan el territorio.

El objetivo central de la incursión es desarticular las estructuras de las bandas Chen Mechan y 400 Mawozo. Esta última, encabezada por Lanmò San Jou —cabecilla por quien el Departamento de Estado de Estados Unidos ofrece una recompensa de un millón de dólares—, fue la responsable de la emboscada tendida hace dos semanas en el distrito de Croix-des-Bouquets, donde desaparecieron cuatro militares salvadoreños. La respuesta sobre el terreno no se ha hecho esperar: los choques armados en los sectores de Santo y del puente de Croix-des-Missions se han saldado con al menos una decena de pandilleros abatidos, según los primeros balances de la prensa local.

La intervención responde a una necesidad elemental de auxilio y restablecimiento del orden público. De acuerdo con los mandos haitianos integrados en la Fuerza de Supresión de Pandillas amparada por Naciones Unidas, los avances en enclaves como Carrefour Shada y Santo 17 buscan eliminar los puestos de peaje clandestinos con los que el crimen asfixia la economía popular, frenar la epidemia de secuestros y garantizar la integridad física de las familias. En un entorno donde las instituciones colapsaron, la restitución de la seguridad no es un mero tecnicismo operativo, sino una premisa moral inexcusable para defender la dignidad humana de una población civil abandonada a la violencia más salvaje.

Frente al avance de los blindados, la coalición criminal Viv Ansanm recurrió a la coacción directa sobre el tejido vecinal, forzando bajo amenazas de muerte a los residentes de La Plaine a manifestarse contra las tropas bajo la consigna de una supuesta «invasión». La instrumentalización de los más vulnerables como escudos humanos y propagandísticos retrata la catadura del adversario al que se enfrentan los soldados centroamericanos en el Caribe.

Sin embargo, este bautismo de fuego salvadoreño deja al descubierto una paradoja política que interpela a toda Hispanoamérica. Es un país de escala modesta el que está asumiendo en primera línea el coste humano y material de contener el agujero negro de seguridad en las Antillas, mientras las grandes cancillerías del continente hispanoamericano mantienen una desconcertante pasividad. Ni México, ni Colombia, ni las naciones del Cono Sur han articulado una respuesta coordinada que asuma la estabilización de Haití desde una perspectiva propia y solidaria, limitándose a observar el drama a distancia o a remitirse a los inertes canales burocráticos multilaterales.

Esta inacción de los gobernantes hispanos adquiere un relieve más sombrío ante el papel desempeñado por los centros de poder anglosajones. Históricamente implicados en intervenciones fallidas y en el desmantelamiento institucional de Haití, los círculos políticos y diplomáticos de Washington optan ahora por la comodidad de ofrecer recompensas monetarias a distancia, mientras el peso del combate urbano y la contención del caos recaen sobre militares hispanoamericanos enviados sin un respaldo regional robusto. El contraste entre la retórica de tutela internacional y la sangrante realidad de las barriadas de Puerto Príncipe no puede ser más elocuente.

La experiencia demuestra que la seguridad y el bien común en la cuenca del Caribe no se resolverán mediante mandatos externos desprovistos de arraigo cultural e histórico. Si Hispanoamérica aspira a una soberanía efectiva frente a la injerencia de las potencias del norte, sus líderes deben asumir de una vez la responsabilidad colectiva sobre sus fronteras y vecinos inmediatos, impidiendo que contingentes nacionales queden aislados en misiones de alto riesgo sin una política común de hermandad y protección compartida.