El poder de los 'lobbies' en EE. UU. y su amenaza a la libertad académica

La libertad de cátedra, pilar de la universidad como institución dedicada a la búsqueda de la verdad, ha sufrido un duro revés en Estados Unidos. La Universidad de Minnesota, una institución pública, se ha visto obligada a indemnizar con 250.000 dólares al académico israelí Raz Segal después de retirarle una oferta para dirigir su Centro de Estudios sobre el Holocausto y el Genocidio. La decisión de la universidad no se basó en una evaluación de las credenciales de Segal, sino que fue el resultado de una intensa campaña de presión externa.

El detonante fue un artículo de opinión de Segal, de nacionalidad israelí y judío, en el que describía las acciones militares del Estado de Israel en la Franja de Gaza como un «caso de manual de genocidio». Esta afirmación, realizada en el ejercicio de su libertad de análisis como experto en la materia, desencadenó la reacción inmediata de influyentes grupos de presión proisraelíes en Estados Unidos.

Según sostiene el analista César Vidal en su programa 'La Voz', estos grupos de presión desplegaron una estrategia de alto impacto. Argumenta el comunicador que movilizaron a donantes acaudalados que amenazaron con retirar sus contribuciones financieras a la universidad, un centro de carácter público que depende en parte de estas aportaciones. Al mismo tiempo, se ejerció presión a nivel político para forzar la anulación del nombramiento. El resultado fue la rescisión del contrato de Segal a los pocos días de haberse anunciado, dejando la prestigiosa cátedra vacante hasta el día de hoy.

Tras dos años de litigio, el acuerdo extrajudicial por un cuarto de millón de dólares supone un reconocimiento implícito del perjuicio causado al profesor, pero no revierte el fondo del asunto: una institución académica cedió ante presiones externas, sacrificando la libertad de un académico para expresar opiniones fundadas en su campo de estudio, por incómodas que resulten para ciertos intereses. Es revelador, como señala Vidal, que diversas organizaciones judías de Minnesota y académicos especializados en el Holocausto defendieran públicamente a Segal, marcando una clara distinción entre la crítica a las políticas del Estado de Israel y un presunto antisemitismo.

Este episodio, ocurrido en el corazón de la anglosfera, es una lección de enorme calado para la Hispanidad. Expone con crudeza el 'modus operandi' de los grupos de interés organizados —los 'lobbies'—, capaces de doblegar a instituciones públicas mediante el poder del dinero y la influencia política. Este modelo de coacción no es exclusivo de Estados Unidos; sus métodos son exportables y, de hecho, se aplican en Hispanoamérica para condicionar decisiones soberanas y silenciar debates que afectan a poderosos intereses foráneos, ya sean corporativos o estatales.

El caso Segal ilustra una colisión directa entre la agenda de política exterior de un Estado —en este caso, Israel, a través de sus grupos de afinidad— y un principio universal como la libertad de expresión. Para los países hispanoamericanos, que a menudo se ven sometidos a presiones similares por parte de potencias extranjeras o de la propia anglosfera en asuntos económicos, políticos o territoriales, este suceso es un espejo y una advertencia. La defensa de la soberanía nacional pasa también por proteger la independencia de sus instituciones académicas y culturales de toda injerencia que pretenda dictar qué se puede pensar, decir o investigar.

La inacción o pasividad de los liderazgos hispanos a la hora de construir un frente común para la defensa de los intereses compartidos deja a cada país aislado y más vulnerable frente a estas dinámicas de poder. La dignidad de la persona y el bien común, conceptos arraigados en la tradición hispánica, exigen que la búsqueda de la verdad no esté supeditada al poder económico ni a la conveniencia geopolítica de nadie. Lo ocurrido en Minnesota demuestra que sin instituciones robustas y una ciudadanía vigilante, la libertad intelectual se convierte en una mercancía con precio.