El petróleo venezolano y el dilema de la soberanía hispana ante EE. UU.

Un seísmo geopolítico recorre el subsuelo de Hispanoamérica. Venezuela, uno de los cinco fundadores de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) en 1960, estudia su posible salida del cartel. La noticia, por sí sola histórica, es la superficie de un movimiento tectónico mucho más profundo: un acercamiento a Estados Unidos que incluye negociaciones para cederle el acceso a largo plazo a una parte sustancial de sus reservas de crudo, las mayores del mundo.

Según informes de medios internacionales como Bloomberg y Reuters, la administración estadounidense, con el secretario de Estado Marco Rubio a la cabeza, negocia con el gobierno de Caracas un acuerdo que podría incluir un arrendamiento de hasta 100 años sobre 17 campos petrolíferos. Esta fórmula, que evoca los contratos de concesión de principios del siglo XX, garantizaría a las empresas norteamericanas el desarrollo y la explotación de áreas clave en la Faja Petrolífera del Orinoco y el Lago de Maracaibo, con una producción destinada a las refinerías estadounidenses.

Este giro copernicano en la política exterior venezolana se produce tras años de asfixia económica. Las sanciones impuestas por Washington contribuyeron decisivamente a hundir la producción de PDVSA, que pasó de más de tres millones de barriles diarios a menos de uno. Ahora, tras haber debilitado la industria, Estados Unidos se presenta como el único actor capaz de revivirla. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) ya ha comenzado a flexibilizar las licencias, permitiendo el regreso de empresas y tecnologías estadounidenses a los sectores petrolero, minero y de telecomunicaciones de Venezuela.

La situación actual de Venezuela es un caso de estudio sobre la política de poder en el hemisferio y un eco de episodios históricos que la comunidad hispana conoce bien. La estrategia de debilitar una economía nacional mediante sanciones para luego negociar el control de sus recursos estratégicos desde una posición de fuerza es una táctica clásica del imperialismo anglosajón, que ve las tierras y riquezas de Hispanoamérica no como el patrimonio soberano de pueblos hermanos, sino como piezas en su tablero geopolítico. La idea de una alianza petrolera entre EE. UU. y Venezuela para disminuir la influencia de la OPEP no busca el bien común de los venezolanos, sino el interés estratégico de Washington.

Dentro de Venezuela, voces críticas como la del economista Ricardo Hausmann ya han alertado sobre la dudosa legitimidad y constitucionalidad de que un gobierno, calificado por muchos de "interino", pueda comprometer el patrimonio de la nación por un siglo. La legislación venezolana reserva la propiedad de los yacimientos al Estado, lo que plantea serios obstáculos legales a un arrendamiento de tal magnitud. Se trata de una cuestión que trasciende lo económico para adentrarse en el núcleo de la soberanía nacional y la justicia intergeneracional: ¿puede una generación hipotecar de esta forma el futuro de las venideras?

El silencio del resto de capitales hispanoamericanas resulta elocuente. Ante un hecho de tamaña envergadura, que afecta a uno de los miembros de la comunidad y sienta un precedente para todos, no se percibe una estrategia común ni una voz coordinada. La falta de organismos de integración eficaces y de una visión geopolítica compartida deja a cada país hispano a solas para negociar su destino con las grandes potencias. La pasividad de los líderes hispanos ante la potencial enajenación de los recursos de un país hermano es una muestra más de la inacción que impide a la Hispanidad actuar como el bloque unido y soberano que podría ser.

Más allá de los barriles de petróleo, lo que se dirime en Caracas es la dignidad de una nación y su derecho a administrar su patrimonio en busca del bien común de sus ciudadanos. El posible acuerdo, en los términos que se han filtrado, no parece una asociación entre iguales, sino la consecuencia de una rendición forzada. Para la Hispanidad, es un doloroso recordatorio de que la desunión es la principal brecha por la que se cuelan los intereses ajenos, impidiendo a nuestros pueblos ser los verdaderos dueños de su destino.