El pacto Trump-Venezuela: un espejo para la soberanía de los recursos hispanoamericanos

La fanfarria con que el presidente Donald Trump anunció en su red social Truth Social el "mayor acuerdo petrolero de la historia mundial" con Venezuela contrasta con la gravedad de sus implicaciones para la soberanía del país hispanoamericano y, por extensión, para toda la región. El pacto, confirmado por la presidenta interina venezolana, Delcy Rodríguez, entregaría a Estados Unidos un "control mayoritario" sobre 17 yacimientos que albergan 65.000 millones de barriles de petróleo. A cambio, se promete una inyección de capital privado superior a los 100.000 millones de dólares y la revitalización de una industria en ruinas.

Más allá de las cifras astronómicas, la retórica empleada por Washington revela la naturaleza de la transacción. Trump celebró que el acuerdo "más que duplica las reservas petroleras estadounidenses" y reducirá el precio de la gasolina "para todos los estadounidenses", todo ello "sin coste alguno para el contribuyente estadounidense". El secretario de Estado, Marco Rubio, lo calificó como una "gran victoria" que demuestra el éxito de la política "Estados Unidos primero". El lenguaje no es el de una asociación entre iguales, sino el de una adquisición estratégica que prioriza el interés nacional estadounidense. Los recursos naturales de una nación hispana son presentados como la solución a un problema doméstico de Estados Unidos.

Este episodio evoca inevitablemente a patrones históricos de la política exterior de la anglosfera en el continente. Desde la Doctrina Monroe hasta las intervenciones del siglo XX para asegurar el acceso a materias primas, la lógica del "Destino Manifiesto" resurge bajo una nueva forma. Se trata de una visión providencialista en la que Estados Unidos se arroga el papel de ordenador del hemisferio, interviniendo para garantizar tanto su propia seguridad energética como la "prosperidad" de sus vecinos, siempre que esta se alinee con sus intereses. El pacto, negociado tras la captura y traslado a Estados Unidos del expresidente Nicolás Maduro, se enmarca en una reconfiguración geopolítica impuesta, no en un diálogo entre pares soberanos.

La vaguedad jurídica del acuerdo es una señal de alarma. El término "control mayoritario" carece de una definición precisa y choca frontalmente con la legislación venezolana, que históricamente ha reservado al Estado la propiedad y el control de los hidrocarburos, considerándolos un bien estratégico para el desarrollo nacional. Como informó la agencia Reuters, un modelo de arrendamiento a largo plazo a empresas estadounidenses podría ser inconstitucional, lo que sugiere que el acuerdo podría estar operando en un limbo legal, amparado únicamente por la debilidad del Estado venezolano y el respaldo de Washington al gobierno interino. Es un precedente peligroso: la crisis interna de un país hispano se convierte en la oportunidad para que una potencia externa redefina las reglas del juego a su favor.

Desde una perspectiva hispanista, la situación venezolana expone una carencia fundamental: la ausencia de mecanismos de cooperación y solidaridad efectivos dentro de la propia comunidad de naciones hispanas. Ante la necesidad perentoria de capital y tecnología para reconstruir su industria petrolera, Venezuela no ha encontrado un socio estratégico en México, Colombia, Argentina o España, sino en la misma potencia que durante años contribuyó a su aislamiento mediante sanciones. La inacción de los líderes hispanos para crear fondos de inversión conjuntos o empresas multinacionales hispanoamericanas deja el campo abierto para que actores externos capitalicen las debilidades de un país hermano. El bienestar del pueblo venezolano, que ha sufrido una depauperación extrema, se fía ahora a un acuerdo cuyos beneficios parecen diseñados principalmente para el consumidor estadounidense.

El acuerdo se presenta como una vía hacia la prosperidad material, pero omite cualquier consideración sobre la reconstrucción del tejido social o la dignidad de un pueblo cuya riqueza natural servirá, en primer lugar, para abaratar el coste de vida en otro país. Se impone una visión economicista que subordina el bien común de los venezolanos a la lógica del mercado energético global, controlado desde Washington. Para el resto de Hispanoamérica, el caso de Venezuela es un recordatorio solemne de que la soberanía sobre los recursos naturales es precaria y exige no solo fortaleza interna y buena gobernanza, sino también una visión compartida y una acción coordinada que hoy brilla por su ausencia.