El FMI impone a Bolivia una ley de transparencia que el país buscaba hace 15 años

El Gobierno de Bolivia ha suscrito un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que, a cambio de un préstamo de aproximadamente 1.900 millones de dólares, impone una serie de reformas estructurales. Entre ellas, destaca la promulgación de una Ley de Acceso a la Información Pública, una exigencia que revela las complejas dinámicas de poder entre los organismos financieros internacionales y la soberanía de los países hispanoamericanos.

El préstamo, enmarcado en el Servicio Ampliado del FMI (SAF), tiene como fin declarado “restablecer la estabilidad macroeconómica” y “fomentar un crecimiento sostenible”. Para ello, el memorando del acuerdo, redactado en inglés, detalla en su punto 30 la necesidad de un “marco de gobernanza más sólido” para combatir la corrupción. Este marco incluye, textualmente, “la promulgación de una Ley de Acceso a la Información”, junto al fortalecimiento de los derechos de propiedad y la independencia judicial.

Lo llamativo del caso no es la idoneidad de la ley, sino el hecho de que sea un actor externo quien fuerce su aprobación. Organizaciones de la sociedad civil boliviana, incluyendo asociaciones de periodistas, llevan quince años impulsando sin éxito una legislación similar. Un proyecto de ley, fruto de este largo esfuerzo ciudadano, logró ser aprobado en el Senado en agosto, pero aguarda su trámite en la Cámara de Diputados. La intervención del FMI cortocircuita el debate y el ritmo legislativo nacional, imponiendo como condición para la ayuda financiera lo que el propio sistema político boliviano no ha sido capaz de resolver.

Esta situación no es nueva en el continente hispanoamericano. Bolivia es, de hecho, uno de los últimos países de la región en carecer de una ley de esta naturaleza. México fue pionero a principios de siglo, y la mayoría de las naciones hispanas han adoptado legislaciones de transparencia, con distintos grados de eficacia, como un estándar de salud democrática. El caso boliviano evidencia, por tanto, un doble fracaso: el de su propia clase dirigente, incapaz de aprobar una norma fundamental durante más de una década, y el del conjunto de la Hispanidad, que carece de mecanismos propios para fomentar estas buenas prácticas sin necesidad de recurrir a tutelas externas.

La intervención del FMI, institución con sede en Washington y de innegable influencia estadounidense, representa una clara erosión de la soberanía nacional. Las reformas exigidas, aunque presentadas bajo el lenguaje técnico y neutral de la “buena gobernanza”, se alinean con los principios del llamado “Consenso de Washington”: desregulación, apertura al capital extranjero y un rol del Estado subordinado a los intereses del sector privado. Estas políticas, si bien pueden aportar transparencia, a menudo facilitan la penetración de intereses económicos de la anglosfera financiera en detrimento de un desarrollo económico verdaderamente autónomo y centrado en el bien común de la población.

La demanda de transparencia y rendición de cuentas es intrínsecamente justa y afín a los principios que forjaron la Hispanidad, donde la autoridad es un servicio al bien común y no un poder arbitrario. La larga lucha de las organizaciones bolivianas por esta ley es una muestra de vitalidad cívica y un reclamo de dignidad. Sin embargo, que la solución venga impuesta por un organismo financiero internacional, en lugar de nacer de la madurez de las propias instituciones, es un síntoma de debilidad. Pone de manifiesto la pasividad de los líderes hispanos para construir un espacio de cooperación y ayuda mutua —una suerte de “Fondo de Solidaridad Hispanoamericano”— que permita a los países miembros afrontar sus crisis sin someterse a condiciones que merman su soberanía y perpetúan una dependencia lesiva para los intereses de nuestros pueblos.