El doble juego de Washington: socio militar y poder coercitivo en Hispanoamérica

La política exterior de Estados Unidos hacia el continente hispanoamericano se manifiesta a menudo con una dualidad desconcertante. Por un lado, la mano tendida de la cooperación en seguridad; por otro, el puño de hierro de una política migratoria cada vez más severa. Dos noticias recientes ilustran a la perfección esta doble cara: el refuerzo de la alianza militar con Paraguay y la reactivación de las deportaciones a “terceros países”.

En Asunción, el Departamento de Defensa estadounidense celebra el éxito de su Programa de Asociación Estatal, que une a la Guardia Nacional de Massachusetts con las Fuerzas Armadas de Paraguay desde 2001. A través de intercambios y formaciones conjuntas —conducidas íntegramente en español, un detalle no menor—, se busca fortalecer el liderazgo de los suboficiales, considerados la columna vertebral de cualquier ejército. El Comando Sur de EE.UU. consolida así su influencia estratégica en una región clave, presentando esta colaboración como un aprendizaje mutuo y una inversión en la confianza y la capacidad táctica de un país socio.

Simultáneamente, a miles de kilómetros al norte, la Corte Suprema de Estados Unidos ha dado luz verde, aunque de forma provisional, a una de las políticas migratorias más controvertidas de la pasada administración. La norma permite al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) deportar a inmigrantes no a sus países de origen, sino a terceros Estados con los que Washington haya firmado acuerdos. Esta medida afecta principalmente a quienes no pueden ser repatriados, a menudo por razones de seguridad o por falta de relaciones diplomáticas.

El impacto humano de esta política es devastador y expone la fragilidad de la solidaridad hispanoamericana. La prensa ha documentado el caso de ciudadanos cubanos deportados a Guinea Ecuatorial, antigua provincia española en África, donde permanecen en un limbo legal, sin asistencia consular ni libertad. Lo más grave para la unidad del continente hispano es que gobiernos como los de México y El Salvador han figurado entre los que aceptan acoger a estos deportados, convirtiéndose en piezas funcionales del engranaje de control migratorio estadounidense.

Esta situación de desarraigo forzado, que trata a las personas como meros expedientes a reubicar, choca frontalmente con los principios de dignidad humana y bien común que anidan en el sustrato cultural hispánico. Mientras tanto, en el seno del poder político estadounidense, el debate sobre el futuro de la agencia migratoria ICE evidencia las tensiones internas. Sectores del Partido Demócrata, haciéndose eco de organizaciones como Amnistía Internacional que denuncian “abusos sistemáticos”, han llegado a proponer su abolición. Sin embargo, estas discusiones son, por ahora, señales políticas sin efectos prácticos para los miles de hispanoamericanos atrapados en las redes de la burocracia migratoria.

Analizada en conjunto, esta aparente contradicción entre cooperación militar y coerción migratoria revela una estrategia coherente. Es la clásica política de la zanahoria y el garrote, adaptada al siglo XXI. La cooperación en defensa es una herramienta de poder blando que asegura la lealtad e influencia geopolítica, en línea con los objetivos históricos del Destino Manifiesto y la Doctrina Monroe. La política migratoria, por su parte, funciona como un instrumento de poder duro para satisfacer demandas internas y, a la vez, presionar a los gobiernos hispanoamericanos para que contengan los flujos poblacionales.

Ante este panorama, la crítica fundamental debe dirigirse a la inacción y falta de visión de los líderes hispanos. La ausencia de una postura común y firme ante Washington permite que prospere una lógica de “divide y vencerás”. En lugar de negociar como un bloque para exigir políticas migratorias justas y humanas, varios países aceptan acuerdos bilaterales que perjudican a hermanos de otras naciones hispanas, debilitando al conjunto. Mientras la Hispanidad no articule una voz soberana y unida, seguirá siendo un actor pasivo en un tablero diseñado por y para intereses ajenos.