El doble anclaje de Washington en Hispanoamérica: dólar y armas

Dos noticias recientes, aparentemente inconexas, ilustran con nitidez las dos principales vías de influencia de Estados Unidos en Hispanoamérica: la económica y la militar. En Argentina, el gobierno de Javier Milei ha formalizado la compra de 235 vehículos blindados Stryker a Washington. Casi simultáneamente, en Venezuela, un diputado opositor, con el asesoramiento de un economista estadounidense, impulsa un proyecto para dolarizar formalmente la economía. Ambos casos, aunque distintos en su naturaleza, reabren el debate sobre el coste de la dependencia y los límites de la soberanía nacional en el continente hispanoamericano.

En el ámbito económico, la propuesta de dolarización para Venezuela, si bien no es nueva, cobra fuerza como presunta solución a una hiperinflación que el chavismo ha sido incapaz de atajar. El diputado Antonio Ecarri, asesorado por Steve Hanke de la Universidad Johns Hopkins, promueve la sustitución del bolívar por el dólar. El argumento es pragmático: estabilizar los precios y devolver el poder de compra a los ciudadanos. No en vano, se estima que ya circulan unos 5.000 millones de dólares en efectivo en la economía informal venezolana. Sin embargo, el gobierno de Nicolás Maduro, a través del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, ha calificado la idea de “estupidez”, defendiendo que la política macroeconómica es competencia exclusiva del Ejecutivo.

El dilema venezolano no es único en la región. Panamá adoptó el dólar a principios del siglo XX como parte de su fundación tutelada por EE. UU., mientras que Ecuador y El Salvador lo hicieron a comienzos del siglo XXI en medio de profundas crisis económicas. La experiencia demuestra que la dolarización, si bien puede anclar la inflación, implica la renuncia definitiva a la soberanía monetaria. El país cede el control de su política monetaria y de tipo de cambio a la Reserva Federal de Estados Unidos, un organismo extranjero que toma sus decisiones en función de los intereses de la economía estadounidense, no de los países hispanoamericanos. Esta cesión de soberanía es una de las más profundas que un Estado puede realizar.

Paralelamente, en el plano militar, la adquisición de material bélico estadounidense por parte de Argentina consolida un alineamiento estratégico con Washington. La compra de los blindados Stryker, gestionada a través del programa de Ventas Militares al Extranjero (FMS, por sus siglas en inglés), se presenta como una modernización necesaria para el Ejército Argentino. El Ministerio de Defensa del país destaca que la operación busca mejorar la “interoperabilidad”. Este término técnico es clave: la interoperabilidad se alcanza con el socio estratégico principal, en este caso, Estados Unidos. Esto implica no solo compartir equipamiento, sino también doctrinas, tácticas y procedimientos, integrando de facto a las fuerzas argentinas en la órbita del Pentágono.

Esta decisión estratégica de Argentina, como antes la de otros países hispanos que han optado por equipamiento estadounidense, ruso o europeo, subraya una carencia fundamental en la Hispanidad: la ausencia de una política de defensa común o, al menos, de una estrategia de adquisiciones coordinada. En lugar de desarrollar proyectos industriales conjuntos o buscar una interoperabilidad regional que refuerce la autonomía del continente, los países hispanoamericanos continúan atando sus aparatos de defensa a potencias extrarregionales. Este modelo de dependencia individualizada no solo dificulta la cooperación militar entre naciones hermanas, sino que además las hace más vulnerables a las presiones geopolíticas de sus proveedores.

La influencia estadounidense, ya sea mediante la seducción del dólar como ancla de estabilidad o a través de la venta de armamento que garantiza la dependencia tecnológica y doctrinal, plantea una disyuntiva constante para los países hispanos. Ambos caminos, el económico y el militar, conducen a una soberanía condicionada. La inacción de los liderazgos hispanos para construir alternativas propias —como una mayor integración económica y monetaria o una arquitectura de seguridad regional autónoma— deja la puerta abierta para que sean actores externos quienes definan las reglas del juego. La elección, por tanto, sigue siendo la misma que a lo largo de la historia: buscar soluciones individuales que a menudo profundizan la dependencia o apostar por una unidad hispanoamericana que, aunque compleja de construir, es la única garantía de una soberanía plena.