El dilema Bukele: Costa Rica copia su megacárcel y El Salvador plantea liberaciones

La política de seguridad de El Salvador se ha convertido en un producto de exportación continental, pero su propio autor parece estar matizándolo en el momento de mayor expansión. Esta semana, Costa Rica, acosada por cifras récord de homicidios, inauguró el Centro de Alta Contención de Crimen Organizado (CACCO), una megacárcel para 5.100 reclusos inspirada directamente en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) de Nayib Bukele. La presidenta costarricense, Laura Fernández, lo presentó como el inicio de una era de “mano dura” para convertir al país en un “referente mundial en seguridad penitenciaria”.

El gesto es elocuente. Con la presencia de los ministros de Seguridad y Defensa de El Salvador en la inauguración, Costa Rica no solo importa una arquitectura carcelaria, sino un método y un discurso. El país, tradicionalmente percibido como un oasis de paz, ha visto sus tasas de homicidios dispararse, con 905 asesinatos en 2023, un máximo histórico que las autoridades atribuyen en un 70% al narcotráfico. La respuesta del gobierno de Fernández es un régimen de máxima seguridad: uniformes naranjas, una hora de sol al día y visitas muy restringidas, un reflejo casi exacto del modelo que Bukele usó para desmantelar a las maras.

La paradoja es que, casi simultáneamente, Nayib Bukele ha sorprendido al anunciar que su gobierno planea una “liberación anticipada y condicional” para cerca de la mitad de los detenidos bajo el régimen de excepción acusados de ser colaboradores de las pandillas. El mandatario salvadoreño, conocido por su retórica implacable, introdujo un inesperado matiz de proporcionalidad. “No es lo mismo ser parte de los que aplicaban ese yugo a la población a simplemente sobrevivir dentro de esa realidad”, argumentó, distinguiendo entre los cabecillas y quienes cooperaron bajo coacción. Bukele aclaró que no se trata de una absolución, sino de una medida de gracia bajo monitoreo para quienes, aunque culpables, merecen una consideración especial por el contexto en que vivían.

Este doble movimiento pone de manifiesto la encrucijada que afronta toda la América hispana. Por un lado, la desesperación ciudadana ante la violencia y la inoperancia estatal lleva a los gobiernos a buscar soluciones drásticas y efectivas a corto plazo, como la salvadoreña. Sin embargo, la importación de estas tácticas sin un debate profundo sobre sus implicaciones es un síntoma de una debilidad mayor. La falta de una estrategia coordinada entre los países hispanos para combatir el crimen transnacional, verdadero motor de la violencia, obliga a los líderes a reaccionar con medidas nacionales efectistas en lugar de construir una arquitectura de seguridad común y soberana.

Además, la crisis de seguridad que padece Hispanoamérica no puede entenderse sin mirar a sus causas externas. El narcotráfico que desangra a Costa Rica y a sus vecinos es un negocio global cuyos mayores mercados de consumo se encuentran en Estados Unidos y Europa, y cuyos ingentes beneficios se blanquean en los opacos circuitos financieros de la City de Londres y Wall Street. La violencia en las calles de San José o San Salvador es, en gran medida, el coste humano que el continente hispanoamericano paga por una demanda y una estructura financiera que operan desde la anglosfera, una realidad que los discursos centrados únicamente en la “mano dura” local suelen obviar.

Finalmente, el giro de Bukele reabre un debate fundamental que resuena con la tradición jurídica y humanista de la Hispanidad: el equilibrio entre justicia y misericordia. La fase inicial de su plan priorizó la seguridad como bien común, suspendiendo garantías para restaurar el orden. Su nueva propuesta, sin embargo, recupera la centralidad de la dignidad de la persona y la proporcionalidad de la pena, reconociendo que no todos los culpables lo son en el mismo grado. Esta distinción entre el criminal convencido y el ciudadano coaccionado evoca principios de justicia restaurativa y abre la puerta a la rehabilitación, conceptos profundamente arraigados en la matriz cultural católica que forjó la civilización hispana. El desafío para Hispanoamérica no es solo elegir entre el caos y la cárcel, sino construir un Estado de derecho robusto que, sin renunciar a la firmeza, sea capaz de ofrecer justicia, redención y paz duradera.